Nunca mejor dicho, como agua de mayo esperaban los agricultores de la provincia de León las prometidas ayudas del Gobierno de Mariano Rajoy por uno de los dos desastres climáticos que auguran pérdidas millonarias como hace muchos años que no se producían: la sequía.
Pero en vez de agua de mayo ha llegado un jarro de agua fría inesperado: los primeros criterios para acogerse a una serie de importantes exenciones en los pagos obligatorios por regar los cultivos de León, anunciados ayer por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no podrán ser cumplidos en el caso de los agricultores de la cuenca del Duero en la provincia. Aunque para aumentar más el agravio, sí lo cumplirán los regantes del Carrión que aplacan la sequía con buena parte del agua procedente del pantano leonés de Riaño, entre otros. O lo que es lo mismo: los regantes de Palencia y Valladolid a los que les ayuda el agua de Riaño sí tendrán cuantiosas rebajas por sequía, pero los regantes leoneses no.
En cuanto a las medidas en tramitación, el subsecretario anunció la tramitación de un Real Decreto-ley por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica, que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50 por ciento de lo normal.
La alarma saltó ayer, cuando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desgranó las medidas que adoptará, equiparando la sequía en la cuenca del Duero con un "desastre natural", puesto que considera que supone un "fenómeno climático adverso", que provocará pérdidas superiores al 30 por ciento de la producción media anual.
Para ello, anunció, incluirá una disposición en el Real Decreto que se está tramitando y que prevé también exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la Seguridad Social. Lo hizo el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, en una reunión con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.
En ella detalló que el principal criterio para acogerse al ahorro del pago de la tarifa y el canon de regulación a los agricultores, según el inminente Real Decreto-Ley, será que los pantanos de referencia de los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica hayan tenido una dotación inferior o igual al 50%. Por encima de esa capacidad de los embalses, los agricultores no estarán exentos.
El problema estriba en que, aunque por muy poco, los cuatro pantanos leoneses de la cuenca del Duero se sitúan por encima de ese 50%. En concreto, presentan esta semana un 55% de media de capacidad. Muy insuficiente para la campaña de riego, se han apresurado a criticar algunos sindicalistas agrarios como Matías Llorente, desde la Margen Izquierda del Porma, pero lo suficiente para que León quede fuera.
No así ocurre con los regantes del Carrión que, entre criticas de los profesionales leoneses y algunos sindicato agrarios, ya están recibiendo el agua de Riaño desde hace meses por el riesgo de pérdida de su cereal en los campos de las provincias de Palencia y Valladolid. Allí sus embalses de apoyo rebajan con mucho ese porcentaje del 50%, lo cual ya justificó a mitad de abril que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comenzara a inyectar agua procedente de Riaño hacia el Canal de Castilla a través del azud de Galleguillos.
Indignados con este detalle, los agricultores leoneses y sus sedientos campos valoran aún el resto de las medidas anunciadas por el Ministerio. El Plan Exonerará del pago de la tarifa de agua y del canon de regulación a los agricultores que tengan una dotación inferior o igual al 50%
Otras medidas
El plan se estructura en cuatro grupos de acciones en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y medidas en torno a la Política Agraria Común (PAC), puesto que el Ministerio pedirá el adelanto del 70 por ciento de las ayudas directas y el 85 por ciento de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones en todo el país, anunció.
Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, que va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el "pago verde" y las medidas agroambientales.
A su vez, el Real Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica. Esta última también podría dejar fuera a León si el criterio elegido es el mismo.
Además de las acciones previstas en el marco de la PAC, en cuanto al seguro agrario, el Ministerio destacó el compromiso de Agroseguro de agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se incrementó "notablemente" el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.
Reflejo en la próxima declaración de la renta
En cuanto a la fiscalidad, Agricultura subrayó que se ha desatascado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338 millones de euros. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.
Por otra parte, sobre la línea que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, contempla subvenciones de hasta el 100 por 100 del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el Ministerio ya está trabajando en una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.
