El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha destacado la Ley de Dependencia como un avance en el despliegue del llamado Estado del Bienestar, pero que en su desarrollo aún continúa vigente el problema de su financiación. Según ha recordado Herrera, las expectativas de la Ley eran que el 50% de la financiación pública fuera inyectado por el Estado, y el 50% restante por las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en 2016 el esfuerzo presupuestario público en Castilla y León fue de 534 millones de euros, de los que sólo 104 millones, el 19,5%, fueron aportados por el Estado.
Por este motivo, el propio presidente de la Junta defendió el pasado mes de enero, durante la celebración de la Conferencia de Presidentes, la necesidad de que el próximo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas incluya la Atención a la Dependencia. En esta Conferencia se produjo un cierto avance, al acordarse la creación de una Comisión encargada de analizar la situación actual del sistema y determinar su sostenibilidad y financiación por parte del Estado.
Esta situación de infrafinanciación se vio agravada durante la crisis económica, lo que obligó a la Comunidad de Castilla y León a tomar decisiones como la de apostar por los servicios profesionales, que hoy suponen más del 78% de las prestaciones (12 puntos por encima de la media nacional). Esto ha venido a potenciar las virtudes del modelo de atención propio de Castilla y León, sin perjuicio de que una mejor financiación por parte del Estado permitiría adquirir un compromiso de negociación en el marco del Diálogo Social, para incrementar las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar, sin que ello suponga la pérdida de su carácter excepcional ni el abandono de la prioridad de los servicios profesionales.
Herrera también ha destacado que el actual Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha sido y es una de las principales prioridades del Gobierno autonómico, que además constituye un ejemplo claro del llamado autonomismo útil. Si bien el presidente ha señalado que aún quedan muchas cosas que mejorar en su gestión y desarrollo, Castilla y León se ha convertido en un referente en la aplicación de la Ley de Dependencia en España.
Así, el último Dictamen del Observatorio de la Dependencia sitúa a Castilla y León, por décima vez consecutiva, como la Comunidad con una gestión más destacada, con una valoración global de 8,93 puntos, siendo la nota media del conjunto del país de un 4,9. Este dictamen destaca, además, tres aspectos.
En primer lugar, Castilla y León es la única Comunidad con atención plena, es decir, con una lista de espera prácticamente inexistente. El 98,5% de las personas con derecho a prestación ya la tienen concedida, siendo menos del 72% la media nacional. En cuanto a las personas dependientes de Grado I, al 99% ya se han incorporado al Sistema, siendo menos del 45% la media nacional.
En segundo lugar, Castilla y León es la Comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente. En el último año se ha incrementado en un 16% el número de beneficiarios, hasta alcanzar los 85.142, con más de 109.000 prestaciones. Además, más de 24.000 personas reciben dos prestaciones.
Y, por último, Castilla y León es la Comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la Dependencia: 9,82 empleos por cada 1.000 habitantes (frente a 4,30 de media nacional). Son más de 24.000 empleos, en gran proporción empleo femenino y también vinculado al medio rural. Según esto, Castilla y León es capaz de generar 50 empleos por cada millón de euros invertido, cuando la media nacional es de 34,8. Con ello se obtiene un retorno de 41 € por cada 100 de gasto público, uno de los más elevados de España.
Factores de este éxito
Tras enumerar estos resultados, el presidente ha destacado que no habrían sido posibles si no hubieran concurrido tres factores: los profesionales, sobre los que recae la mayor parte de esa buena valoración; el Diálogo Social y el trabajo en red.
En cuanto al Diálogo Social, ha contribuido de manera efectiva al avance y mejora de la aplicación de la Ley. En los diez años de vigencia de la Ley de Dependencia de Castilla y León ha sido posible suscribir cinco importantes acuerdos, en los años 2009, 2012, 2014, 2015 y, el último de ellos, en este mismo mes de marzo de 2017. Todos ellos han impulsado la calidad y los recursos del Sistema y la flexibilización en el acceso al mismo.
Por último, el trabajo en red ha sido también clave para que el Sistema de Dependencia de Castilla y León alcance sus actuales resultados. En este punto, el presidente ha reconocido el papel que han desempeñado las Corporaciones Locales, contribuyendo al desarrollo del Sistema con recursos económicos y asistenciales propios, y la implicación del Tercer Sector, desde el doble punto de vista de la reivindicación de derechos y la participación en la prestación de los servicios.
Retos de futuro
El presidente ha afirmado que el principal desafío de futuro para Castilla y León en materia de dependencia, junto a los trabajos que ya se están desarrollando de cara a tratar de consensuar un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y un nuevo modelo de financiación local, es el de seguir mejorando la calidad del Sistema.
Para ello, la Junta de Castilla y León está trabajando en nuevas medidas, contempladas en los últimos Acuerdos del Diálogo Social. En concreto, mejorar el reconocimiento de derechos, reduciendo de forma progresiva los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia de 6 a 3 meses; seguir mejorando la calidad de los servicios, en este caso a través de la regulación de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a través de una Orden que se publicará en los próximos días; y, en tercer lugar, aumentar la oferta de plazas residenciales públicas en el período 2017-2024, mediante la reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con un coste estimado de 20 millones de euros.
Asimismo, la Junta seguirá apostando por la prestación de asistencia personal, regulando la acreditación de las entidades que prestan este servicio.
