Los sindicatos CSIF y USCAL-TISCYL llaman a los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, a concentrarse el 1 de junio a las 11:30 horas ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “para que esta termine con la sinrazón del operativo flexible, y negocie el refuerzo y mejora el operativo, porque resulta claramente insuficiente, como llevamos denunciando y alertando desde hace tiempo”. Recuerdan que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la última reunión, se comprometió a presentar un documento de propuestas, “algo que todavía no ha hecho”.
El pasado 10 de marzo se constituyó una mesa técnica para la revisión del operativo de lucha contra incendios forestales. Desde entonces, “no se ha conseguido el más mínimo avance en las negociones”. La Junta de Castilla y León, después de haber sacado adelante el Decreto-ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, “que es lo único que le urgía para cumplir con la exigencia del Gobierno central, no está poniendo interés alguno en las negociones”.
“Llevamos tres reuniones improductivas, y no percibimos intención de negociar por parte de los responsables de la Consejería. Con este panorama, CSIF y USCALTISCYL no ven posible llegar a ningún tipo de acuerdo si continúa al frente de las negociaciones el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, según han afirmado ambos sindicatos esta mañana en rueda de prensa.
El operativo diseñado por la Junta es insuficiente e ineficaz, reiteran: “Lo era en junio de 2022, cuando se produjo el infierno de los incendios de Zamora, y lo sigue siendo ahora, cuando a escasos cinco kilómetros de la provincia de Salamanca se acaba de producir otro gran incendio, el de Las Hurdes y sierra de Gata. Otro aviso de lo que puede pasar en cualquier momento”. Los dos sindicatos insisten en que están cansados de oír al consejero hablar de la inversión millonaria que hacen en las mejoras del operativo, pero la realidad es muy distinta.
Falta de recursos
“Nos encontramos autobombas que pueden estar inoperativas durante días o incluso semanas, por el simple hecho que el conductor tenga una licencia o un permiso, o esté en incapacidad temporal, o simplemente porque no haya aceptado el llamamiento, que en la mitad de los casos es extraordinario y el trabajador puede rechazar”, explican. Cuando ocurre esto, la Junta no sustituye a esa persona. Y lo mismo ocurre con los trabajadores de los puestos de vigilancia de incendios, denuncian, subrayando que parece que la Junta no entiende ni asume que se tratan de medios y personal consideramos esenciales en las distintas normas referentes a emergencia de Protección Civil.
También lamentan que estando a últimos de mayo, y teniendo una primavera tan seca y calurosa, la Junta aún no haya contratado a varias de las cuadrillas terrestres, o que tampoco están disponibles más de la mitad de los medios aéreos.
Además, advierten que, en este momento, no hay agentes medioambientes para cubrir todas las comarcas de Castilla y León, que son los primeros intervinientes en el protocolo antincendios, para poder valorar todos los conatos de fuego que se produzcan y, por tanto, afrontar con recursos y garantías su extinción en esos primeros momentos que resultan cruciales. Los agentes medioambientales tienen que cubrir, con una guardia comarcal de incendios, hasta cinco comarcas en algunos casos, “algo incomprensible y peligrosísimo”.
Lo único que se ha conseguido, con el tan aireado Dialogo Social, es el aumento de la privatización del operativo, dotando autobombas de doble cabina o externalizando puestos de dirección de extinción y de investigación de incendios. “Algo totalmente contrario al objetivo de apostar por un operativo 100% público y dotado suficientemente”, remarcan CSIF y USCAL-TISCYL.
Las dos organizaciones sindicales aseguran que “estamos en una situación mucho peor que la del año pasado, al tener unas condiciones meteorológicas adversas mucho antes de lo normal, y la Junta de Castilla y León sigue empeñada en su operativo flexible, “que consiste en no poner los medios suficientes, materiales y humanos, ajustados a la situación, teniendo un operativo por debajo del 50%”.
