El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha presentado este martes junto a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) más importantes de la Comunidad la nueva convocatoria de proyectos en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Tal y como ha dicho el consejero, “Castilla y León va a seguir siendo solidaria con aquellos que más lo necesiten, porque la solidaridad siempre ha sido una de las señas de identidad de esta tierra, y para ello los poderes públicos debemos responder, acompañar y establecer los canales para que esta ayuda sea efectiva”.
Así, Carnero ha destacado que “uno de los mecanismos más consolidados es la convocatoria de subvenciones a proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, que cumple su vigesimonovena edición”.
La Junta de Castilla y León lleva desde 1994 trabajando en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a través de diferentes programas e instrumentos que canalizan sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades en todas sus dimensiones.
Este año la convocatoria cuenta con una financiación total de 3.618.150 euros, de los cuales 230.000 irán destinados a microacciones en el exterior y el resto a proyectos de desarrollo.
Novedades de la convocatoria
A pesar de mantener las mismas bases reguladoras, como respuesta a las peticiones de las entidades, se han introducido algunas novedades importantes. Las dos principales son:
Se incrementa la cuantía máxima financiable a 300.000 euros por proyecto (antes eran 260.000 euros máximo por proyecto).
Se permite presentar dos solicitudes por modalidad de la convocatoria, es decir, 4 en total por entidad, (antes solo se permitía una por modalidad) atendiendo mejor a la amplia cartera de proyectos con los que cuentan las ONGD cada año.
El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el próximo 12 de julio.
Objetivo de la convocatoria
Esta convocatoria, de concurrencia competitiva, está dirigida principalmente a ONGD con sede en Castilla y León que se encuentren inscritas como agentes de desarrollo en el Registro Oficial de la Comunidad. Su objetivo es apoyar proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo a las personas y poblaciones más vulnerables en países empobrecidos.
Habitualmente se reciben un promedio de 45-50 proyectos y 30 microacciones pero este año, con las novedades introducidas, se espera que esta cantidad aumente, ya que se va a permitir que cada entidad pueda solicitar dos intervenciones de cada modalidad. El objetivo de esta nueva medida es fortalecer doblemente a las entidades, por un lado, su capacidad en un territorio concreto, por la posible complementariedad de los proyectos que presenten, y por otro los equipos de las entidades en Castilla y León, consolidando los puestos de trabajo que crean las ONGD.
Las intervenciones que se apoyarán vienen marcadas por la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo, los planes directores y las agendas europeas y mundiales en la materia que incluyen la aplicación de los enfoques de género, de sostenibilidad medioambiental y Derechos Humanos.
Con el objetivo de aumentar la eficacia e impacto de las actuaciones, la Junta de Castilla y León ha optado por concentrar geográficamente las intervenciones estableciendo unos países prioritarios, pero no excluyentes. Estos países se corresponden con aquellos en los que las ONGD de nuestra Comunidad Autónoma ejecutan sus proyectos y son: Senegal, Burkina Faso, Tanzania, Mozambique, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú e India.
El apoyo a proyectos e intervenciones de desarrollo en países empobrecidos tendrá en cuenta también una serie de prioridades sectoriales de intervención orientadas a garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas y centradas en la metodología del enfoque basado en Derechos Humanos: derecho a la alimentación, al agua potable y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda adecuada y digna y al nivel de vida adecuado y medios de subsistencia.
Dichas acciones se dirigirán de forma especial a las mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, población refugiada y en conflictos bélicos, poblaciones campesinas y a las personas enfermas o dependientes.
