El portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León publicó este lunes, para el trámite de consulta pública previa, la modificación del decreto por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo, por el que se incluirá a las víctimas de violencia intrafamiliar y se adecuará a las nuevas figuras legales de protección de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
De esta forma, y según informó la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se anuncia el inicio del procedimiento de modificación, en cumplimiento de la legislación autonómica que establece que, antes de elaborar los proyectos o anteproyectos de ley, se tiene que realizar una consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas afectados por la futura norma. Los castellanos y leoneses y las organizaciones afectadas podrán realizar aportaciones al texto publicado hasta mediados del mes de agosto.
El Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción y se crea su registro administrativo, entró en vigor el 19 de abril 2007, para dar cobertura legal a las empresas de inserción laboral radicadas en el territorio de Castilla y León que quieran optar a las ayudas y subvenciones establecidas por la Comunidad Autónoma.
Así, en su artículo 2, el decreto establece que, para determinar el acceso a las ayudas y subvenciones establecidas por la Comunidad con la finalidad de promover la inserción laboral, se consideran empresas de inserción laboral aquellas que tienen recogido dentro de su objeto social, como fin primordial, la realización de actividades tendentes a conseguir la integración laboral y el acceso al mercado ordinario de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social, siempre que reúnan los requisitos previstos en el artículo 4.
Sin embargo, con posterioridad a 2007, han aparecido nuevos colectivos que pudieran considerarse en situación o riesgo de exclusión social, y que también han de ser destinatarios finales de las ayudas o subvenciones que perciben las empresas de inserción laboral, según el comunicado de Industria recogido por Ical.
Por ello, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo considera necesario, tras la reciente publicación en el portal del Gobierno Abierto del esquema de la estructura de lo que será la Ley de lucha contra la violencia intrafamiliar en Castilla y León, adecuar el decreto a las nuevas figuras legales de protección de las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como a los nuevos colectivos surgidos en situación o riesgo de exclusión social, como son las víctimas de violencia intrafamiliar.
