El grupo parlamentario Podemos Castilla y León presenta una iniciativa conjunta con IU "para que se incluya dentro de las competencias de la Junta algunos aspectos relevantes en materia de cooperación al desarrollo, que ya aplican otras autonomías, como la incorporación dentro de las agendas de viajes al exterior del Gobierno de la Junta de Castilla y León de reuniones con organizaciones del lugar para proteger la situación de los Derechos Humanos en el país que se visita". Así mismo, la iniciativa demanda "que se incluya un programa de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que contemple el acogimiento durante un mínimo de seis meses, acompañamiento psicosocial, agenda política, agenda formativa y seguimiento de retorno".
La propuesta, según ha informado a los medios en un comunicado Podemos Castilla y León, responde al artículo 67 del Estatuto de Autonomía, que hace referencia a la acción exterior de la Comunidad de Castilla y León y contempla que “en su acción exterior los poderes públicos de Castilla y León promoverán la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los Derechos Humanos, la prohibición de cualquier forma de discriminación y la cooperación al desarrollo. Una ley de Cortes regulará el régimen jurídico de la cooperación al desarrollo de la Comunidad en el ámbito internacional”
Además, explican que la Junta de Castilla y León dispone oficialmente de una oficina en Bruselas y realiza viajes al exterior dentro del Plan de Internacionalización. De hecho la Consejería de Empleo, durante febrero de 2018 viajó a Colombia, y recientemente a Chile, dentro del Diálogo Social. Según la información proporcionada relativa al viaje a Colombia, la agenda se desarrolló con la Ministra de Trabajo, con el embajador de España, con periodistas, etc. "Creemos que estos viajes también tienen que servir para promover la paz y la solidaridad y el respeto a los Derechos humanos como bien indica el propio Estatuto de Autonomía. Es por ello que creemos que dentro de la Agenda de estos viajes se deben incluir reuniones con organizaciones y colectivos, para comprobar la situación de los Derechos Humanos en aquellos países que se visitan".
También recuerdan que por otro lado, dentro de sus competencias, "algunas administraciones autonómicas como el País Vasco, han creado programas “con el objetivo de proteger a defensores y defensoras de Derechos Humanos que ven amenazada su vida o integridad física por la actividad que desarrolla en sus países de origen a través de la acogida por un periodo de seis meses”. Se trata de un programa que se hace en colaboración con el CEAR, y por supuesto con el Gobierno de España. Pero se le da un enfoque de acompañamiento y fortalecimiento organizativo, para que tenga incidencia política".
"Desde el grupo parlamentario Podemos CyL e Izquierda Unida consideramos de gran importancia la inclusión de estas medidas en la representación de Castilla y León en el exterior y en sus obligaciones de cooperación al desarrollo".
