El grupo parlamentario Podemos Castilla y León ha registrado una proposición no de ley para que la administración pública deje de contratar a los músicos e intérpretes de manera irregular y asuma un código de buenas prácticas.
"La propuesta es clara: acabar con la figura del falso autónomo que se ha impuesto en el mundo cultural. Instamos a la Junta a que asuma un código de buenas prácticas para que la contratación sea laboral, no mercantil, y que controle que aquellas entidades privadas que hayan recibido dinero público para su actividad sigan también dicho código", comentan.
Así, los procuradores Carlos Chávez Muñoz, María José Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez denuncian, de este modo, "la precariedad descarnada que sufre este colectivo artístico". "Consideramos que contratar a un músico como autónomo, algo habitual en locales y festivales, puede ser un fraude de ley y una forma de rebajar derechos laborales.Los tribunales ya lo han puesto de manifiesto en varias sentencias, pero si, encima, lo hace la administración, es algo intolerable".
De esta manera, prosiguen, "la administración pública es el mayor contratador en un sector, el de la música popular, que en el año 2016 movió 224,5 millones de euros, de los cuales 7,1 millones, es decir, el 3,2 por ciento del total se facturaron en Castilla y León. Sin embargo, según datos de la Unión de Sindicatos de músicos, intérpretes y compositoras, casi el 100 por 100 de las contrataciones por parte de la administración pública es mercantil".
Por todo ello, para Podemos, "esto dibuja un panorama en el sector de la música que, además de imposibilitar su profesionalización, lastra su crecimiento y, sobre todo, impide disfrutar de una dignidad mínima en las condiciones de trabajo".
