Un reciente análisis sobre la evolución de las finanzas autonómicas, realizado por BBVA Research y recogido por la agencia Ical, ha puesto de manifiesto una tendencia en Castilla y León durante las últimas dos décadas: una notable disminución de la inversión real por habitante, contrastada con un incremento sustancial del gasto corriente destinado a la prestación de servicios públicos.
El estudio, basado en datos referidos al año 2003 como punto de partida (índice 100) –momento en que las comunidades autónomas ya gestionaban las competencias sanitarias–, indica que las operaciones de capital a precios constantes en Castilla y León experimentaron una reducción del 25 % hasta 2024, situándose en un índice de 75. Esto indica una significativa merma en la inversión real por cada ciudadano de la región.
En contraposición, el gasto corriente neto de intereses y calculado a precios constantes registró un aumento del 46 % en el mismo periodo, alcanzando un índice de 146 en 2024. El análisis sugiere que este incremento del gasto corriente refleja una mayor actividad en la provisión de servicios a los ciudadanos por parte de la administración autonómica.
El informe, que analiza la situación generalizada en la mayoría de las autonomías españolas, señala que a nivel nacional la inversión real por habitante cayó un 23 % desde 2003, mientras que el gasto corriente per cápita creció un 43 %.
En el contexto autonómico, Castilla y León se encuentra en una posición intermedia en cuanto al aumento del gasto corriente, lejos de las comunidades con mayores incrementos. Sin embargo, la disminución del 25 % en la inversión real sitúa a la región entre las que han experimentado una contracción más notable en este ámbito, aunque no tan acusada como en Canarias o la Comunidad Valenciana.
Considerando tanto la inversión como el gasto corriente, el gasto no financiero total por habitante a precios constantes en Castilla y León se incrementó un 33 % desde 2003, alcanzando un índice de 133 en 2024, un porcentaje similar a la media nacional.
En cuanto al saldo presupuestario, el análisis revela que Castilla y León cerró 2024 con un superávit del 0,75 % del PIB, ligeramente inferior al 0,80% de la media autonómica. Este resultado se debió a un aumento de los ingresos del 0,55 % y una reducción del gasto neto del 0,2 %. Las operaciones de capital en la región se contrajeron un 0,18 %.
En conclusión, el análisis dibuja un panorama en Castilla y León donde, a pesar de una gestión presupuestaria que arroja superávit y una contención del gasto, la capacidad inversora real por habitante ha disminuido significativamente en las últimas dos décadas, mientras que el gasto destinado a la prestación de servicios a los ciudadanos ha aumentado de manera considerable, en línea con la tendencia observada en el conjunto de las comunidades autónomas.
