Izquierda Unida de Castilla y León ha exigido a la Junta de Castilla y León un conjunto de medidas para intentar frenar el elevado número de contagios y fallecimientos por coronavirus que se están produciendo en las residencias de ancianos y en los centros para discapacitados de Castilla y León. Desde el inicio de la epidemia, han fallecido ya casi dos mil personas con COVID-19 o síntomas compatibles en alguno de los 1214 centros de este tipo que hay en la Comunidad Autónoma. En este momento son casi 4.000 las personas que han dado positivo en las pruebas de detección del virus.
En concreto, Izquierda Unida reclama que se habiliten centros para proceder al aislamiento de los y las residentes según su grado de contacto con el virus. Propone atender a las personas que hayan enfermado en los centros asistenciales o en las propias residencias medicalizadas y buscar otros alojamientos diferenciados para quienes han dado negativo en las pruebas, para los positivos asintomáticos y para aquellos que han recibido el alta tras la enfermedad. Con el objetivo de conseguir esta separación real de las personas mayores, "plantea recurrir a alojamientos públicos y privados que en la actualidad están sin utilizar como hoteles, residencias de estudiantes o edificios religiosos".
Izquierda Unida reclama además a la Junta de Castilla y León que ofrezca datos concretos de fallecidos, enfermos y contagiados asintomáticos en cada una de las residencias, públicas o privadas, de la Comunidad. "Estos datos permitirían conocer la situación en todas las residencias con el fin de adoptar las medidas más convenientes", afirman en su comunicado.
