Un hombre se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por los delitos de estafa y falsedad de documento mercantil por presuntamente haber utilizado el DNI y los datos personales de una persona sin su consentimiento para hacer compras, contratar líneas de teléfono y obtener préstamos en su nombre.
Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso este periódico, el acusado, con antecedentes por falsedad documental y estafa, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito entabló conversación con un hombre, socio de una comunidad de bienes, que ofertaba dos locales, uno en San Andrés del Rabanedo y otro en León.
El procesado se interesó por ellos y ambos llegaron a un acuerdo para la celebración de los correspondientes contratos de alquiler. El demandante le proporcionó todos los datos de la comunidad de bienes, incluido el CIF, sus datos personales y una fotocopia de su DNI en color. No obstante, el acusado nunca se presentó a la firma de los contratos de alquiler ni contestó a las llamadas.
El acusado se aprovechó de los datos de la comunidad y de la fotocopia del DNI, que modificó poniendo una foto suya, para adquirir teléfonos móviles gratis o a precios de promoción, obtener préstamos y realizar compras haciéndose pasar por el demandante.
Así, abrió cuentas en varias entidades bancarias, dio de alta más de 30 líneas de teléfono, contrató seguros, celebró contratos de alquiler, obtuvo la tarjeta de El Corte Inglés para realizar compras, todo ello con la documentación falsificada y sin permiso del demandante, ocasionando un perjuicio total de más de 4.200 euros.
Para el Ministerio Público estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial, y de un delito continuado de estafa, además concurre el agravante de reincidencia. Por todo ello, reclama para el encausado una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 12 meses con una cuota de 10 euros al día, en total 3.600 euros.
En concepto de responsabilidad, Fiscalía reclama una indemnización de 1.000 euros por los daños morales al demandante así como la devolución de los importes estafados.
La defensa por su parte se muestra disconforme con el relato efectuado por la Fiscalía y considera que la actividad de su patrocinado "no puede encuadrarse dentro de la tipificación de delito alguno". Por ello reclama su libre absolución.
