La Junta adelanta 4,5 millones de euros más a los concesionarios del transporte público regular de viajeros por carretera para paliar el déficit de explotación del servicio durante el ejercicio 2022, que se suman a los 12,9 millones que se adelantaron a finales del año pasado con el mismo fin.
El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha autorizado la subvención directa a los operadores de las concesiones que actualmente están funcionando en la Comunidad para poder hacer frente al alza del precio del combustible y los costes derivados de la inflación durante el presente año.
La Junta de Castilla y León viene trabajando en la adopción de medidas tendentes a favorecer y garantizar unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles como elemento básico y fundamental para el acceso a otros muchos servicios, y para ello ha optado por mejorar la calidad del transporte que reciben las personas que residen en Castilla y León, especialmente en el medio rural.
Su prestación, establecida por la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, está declarada como servicio público en el ámbito interurbano, metropolitano y a la demanda, adaptándose a las necesidades reales de cada territorio y, como tal, es responsabilidad de la administración pública asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera del mismo.
Es por ello que desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se ha promovido la ampliación de ese anticipo que se aprobó en diciembre de 2021 y se tiene previsto hacer otro más por la misma cuantía antes de que finalice el año, momento en el que se realizará la liquidación para saber cuál es el déficit real correspondiente al año 2022 y la aportación definitiva que se deberá hacer por parte del Gobierno autonómico, descontados los anticipos.
Finalmente, cabe recordar que el transporte autonómico, que registró más de nueve millones de usuarios sólo durante el pasado ejercicio, ha podido mantener el 100 % de las rutas, consiguiendo vertebrar las conexiones entre los diferentes municipios castellanos y leoneses y sus residentes y preservar la actividad económica y el empleo en todo el territorio, gracias a una aportación de la Junta de Castilla y León de más de 98 millones de euros desde el año 2018.
