La Junta de Castilla y León ahorrará 44 millones de euros con el nuevo acuerdo marco de suministro eléctrico, adjudicado por la Consejería de Economía y Hacienda a Iberdrola, para todos los centros de consumo de la Administración autonómica, así de como otras entidades adheridas, que tendrá vigencia desde el 26 de abril de 2023 al 28 de febrero de 2026. El ahorro anual supone 17,5 millones de euros.
El importe de adjudicación para todo el periodo y para un consumo eléctrico previsto de 749 GWh y 2.140 puntos de suministro asciende a 103,45 millones de euros del término de energía, sin IVA, impuesto eléctrico ni recargo por el tope de gas.
El procedimiento de contratación elegido ha sido el de acuerdo marco con un único adjudicatario. Con esta fórmula se ha conseguido un precio más competitivo, así como cerrar todos los términos de los contratos de suministro que se suscriban en su ejecución. Asimismo, se evitan segundas licitaciones y se logra una mayor agilidad para los centros de gasto, una mayor certidumbre para el suministrador y para la propia Administración, impidiendo que se traslade a los contratos la inseguridad y la volatilidad de los mercados energéticos.
Todos los contratos derivados de este acuerdo marco compartirán un mismo precio por kWh y tipo de tarifa, así como una misma fecha de conclusión (28 de febrero de 2026), lo que ha dado a las empresas licitadoras una seguridad que se ha traducido en una mejor oferta e, igualmente, una estabilidad para la Administración en su gasto energético de los próximos años, facilitando una adecuada planificación presupuestaria.
Además, se ha innovado en el proceso de contratación administrativa y en la automatización de todo el proceso de tramitación del contrato basado en el acuerdo marco, lo que unido a la inexistencia de una segunda licitación, supone una reducción de los costes de transacción que también ha contribuido a la consecución de unos precios ventajosos.
Esta actuación, promovida por el Servicio de Racionalización de la Contratación (dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda) y por el Ente Regional de la Energía (EREN) –que además será el interlocutor técnico con la comercializadora adjudicataria–, se enmarca dentro de las medidas previstas en el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
