Los últimos datos que la Junta de Castilla y León ha hecho públicos muestran una cifra de 33.402 expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, que afectan potencialmente a 192.455 trabajadores. Hasta la fecha, esa información se podía analizar aplicando un filtro de datos para conocer los registros correspondientes a cada provincia, y ahora también puede conocerse el detalle de los diferentes sectores profesionales, clasificados en virtud de los códigos CNAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
Desde este viernes, con periodicidad semanal, la visualización de estos datos incorpora el impacto en los diferentes sectores de actividad económica en la Comunidad, y también el específico en cada una de las provincias. En dicha visualización también se puede seleccionar que los datos muestren el sumatorio de todos los ERTE registrados, o su diferenciación en aquellos motivados por la crisis sanitaria o por otras causas. Como cualquier otro contenido del Portal de Datos de la Junta de Castilla y León, la información se compila en un conjunto de datos abiertos descargable en varios formatos, para facilitar así la labor de reutilizadores de datos y de, cada vez más, medios de comunicación.
Conviene recordar que los datos que facilita la Consejería de Empleo e Industria responden a criterios de aplicación de la normativa vigente, aclarando cuál es la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación, según los casos.
Las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León son las competentes cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia.
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta es la responsable en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
Y finalmente, el ministerio con competencias en el ámbito laboral es el encargado de la tramitación cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.
