La Junta de Castilla y León ha anunciado que tomará acciones legales, junto a otras trece comunidades autónomas, para exigir al Gobierno de España que cumpla con la normativa nacional y europea en cuanto al lobo.
Según ha indicado la propia JCYL, España no envió a la Comisión Europea el informe obligatorio sobre el estado del lobo ibérico en la nación, acabando el plazo el pasado 31 de julio. Esto ha llevado a la apertura de un procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento de esta normativa.
Así pues, catorce comunidades autónomas han acusado al Ministerio de Transición Ecológica de bloquear este informe al no convocar a la Conferencia Sectorial. Por otro lado, también han indicado que varias de las regiones han solicitado reuniones sin respuesta alguna.
Por otro lado, las autonomías denunciantes han rechazado las explicaciones que han otorgado desde el propio Ministerio, alegando que el Gobierno quiere retrasar este proceso. Cabe destacar que el el propio Ministerio considera que el estado del lobo no es favorable, al contrario de lo que dicta Europa, además de exponer que están cambiando los criterios de una manera ideológica a la hora de tratar el tema.
