El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana un Decreto-Ley con el objetivo de establecer un conjunto de medidas dirigidas a agilizar la gestión de los programas y actuaciones financiados con los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de asegurar la eficiente ejecución de los mismos, y a impulsar la recuperación económica de la Comunidad.
En materia de vivienda y urbanismo, se modifican varios artículos de la Ley de Urbanismo y de la Ley de Vivienda para ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de los fondos europeos, que exigen una agilidad extraordinaria en la tramitación. Destaca, en particular, la regulación de la vivienda compartida, el `cohousing´, un modelo nacido en los países nórdicos como respuesta al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables. En cuanto a la vivienda en el medio rural, se elimina la prohibición de dar ayudas a viviendas que no sean promovidas para uso propio: eso permitirá dar ayudas a promotores privados en el ámbito rural, y canalizar así los fondos europeos hacia suelos de zonas rurales. Por último, se atribuye a la Administración de la Comunidad la condición de beneficiario de las ayudas estatales destinadas al incremento del parque público de viviendas.
En materia de sostenibilidad ambiental, se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energía renovable, como medida para reducir la dependencia de combustibles fósiles y países terceros en materia de energía. Se trata de estimular los proyectos de energías renovables, pero eso sí, con una regulación que asegure que no se ubiquen en zonas con las que resulten incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urbanísticos o agronómicos. Además, se modifica la Ley de Prevención Ambiental, para que sea innecesario hacer una evaluación ambiental de los planes urbanísticos que afecten solo a suelo urbano, ya que carecen de efectos significativos sobre el medio ambiente.
En materia de patrimonio natural, se modifica la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable, agilizando así la puesta en el mercado de una materia prima muy demandada en la actualidad. También se modifica la Ley de Patrimonio Natural, a fin de considerar compatibles las actividades que no sean susceptibles, bien por su naturaleza o bien por las condiciones en que se desarrollen, de generar un efecto apreciable en el lugar, siendo por tanto compatibles con los objetivos de conservación. De esta forma se facilitará el desarrollo de iniciativas de desarrollo socioeconómico y en especial de implantación de energías renovables.
En materia de comercio se incluye un programa de modernización del comercio del fondo Tecnológico. El objetivo general perseguido con esta línea de inversión es de ayuda a las pequeñas y medianas empresas de adaptarse a la digitalización del sector comercial y al cambio en el comportamiento de los consumidores. Conforme al Real Decreto se habilita que en lugar del régimen ordinario de concurrencia competitiva se puedan conceder las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito presupuestario. Los proyectos que se van a apoyar son los dirigidos a nuevas tecnologías para mejorar la estrategia comercial, la experiencia de compra y la comunicación; los proyectos de adaptación del espacio físico a nuevas necesidades y hábitos de consumo; y, por último, los proyectos con soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia del consumo energético y de los recursos.
En materia de servicios sociales, la prestación económica para situaciones de urgencia social se dirige a las personas más vulnerables, que no pueden cubrir por sus propios medios gastos específicos relacionados con la subsistencia, mediante ayudas económicas para necesidades puntuales de alimentación, vestido e higiene, vivienda y suministros del hogar u otras necesidades básicas consideradas esenciales.
Teniendo en cuenta la evolución de la situación social y económica actual, a través de la modificación del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula dicha prestación, se procede a mejorar la cuantía a percibir por las personas, contribuyendo de este modo a mejorar su protección social.
Además, para atajar las condiciones tan precarias en las que se encuentran aquellas personas en situación de necesidad sobrevenida y que requieren de un apoyo puntual y urgente por parte de la Junta de Castilla y León, es necesario crear un mecanismo como el Bono de Urgencia Social que, mediante un proceso rápido y eficiente, las permita tener un apoyo económico inmediato para cubrir los bienes de primera necesidad.
Para lograr esta inmediatez, a través del Decreto Ley de Medidas Urgentes, se propone modificar la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para conceder ayudas directas a las familias y personas con mayor vulnerabilidad.
El decreto también agrupa un conjunto de medidas en materia de hacienda y sector público autonómico, con el objetivo de agilizar las medidas y de dotar de mayores competencias al Ente Regional de la Energía (EREN), en materia de control de toda la Administración de datos energéticos para su eficiencia y ahorro público y, por otra parte, dotarle de capacidad de dar subvenciones en materia de energía.
