A principios de año, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció la intención de la Junta de aprobar el Decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León para regular la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, así como las ayudas a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. De esta forma, se garantiza la voluntad del Gobierno autonómico de seguir trabajando en todo lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica, tal como se comprometió a principios de esta legislatura.
El Decreto, que se inicia con la condena de la dictadura franquista y de la represión, regula el procedimiento de autorización de exhumaciones, siguiendo el procedimiento regulado en la normativa estatal, incluyendo las peculiaridades propias de Castilla y León, entre ellas, que será un Consejo Técnico de carácter autonómico quien autorizará estas actuaciones, siendo, además, el que compruebe que el proyecto presentado concuerda con lo que exige la norma del Estado y su decisión será vinculante para los ayuntamientos. Estará formado por un representante de la consejería competente en materia de memoria histórica; tres técnicos de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, designado por su titular entre archiveros, arquitectos y arqueólogos; dos representantes de las asociaciones memorialistas y dos representantes de la FRMP.
El Decreto recoge la creación de un Consejo Asesor como órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de propuesta, conocimiento y asesoramiento. Estará compuesto por el titular de la consejería competente en materia de memoria histórica; una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la representación de los intereses sociales, culturales o humanísticos, elegido por los restantes vocales por mayoría de dos tercios, que será el presidente del Consejo; un representante de las consejerías competentes en materia de memoria histórica y de patrimonio cultural; dos representantes de la FRMP; dos representantes de las Cortes; cuatro profesionales y académicos en los campos de la arqueología, la medicina forense, la historia contemporánea y el derecho, designados por las Universidades Públicas; cinco representantes de las asociaciones y un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas.
Además, desde el punto de vista del reconocimiento y la memoria, se recoge que se elaborará un mapa de fosas y que se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas. Asimismo, se establece que en los contenidos dirigidos a alumnos de la ESO y de Bachillerato se incluirán los destinados a conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En este mismo ámbito, el Decreto prevé la celebración de convenios con el Centro Documental de la Memoria, con sede en Salamanca, para el desarrollo de acciones conjuntas.
Por otro lado, la norma regula que la Administración apoyará institucional y económicamente a las asociaciones memorialistas de Castilla y León.
Finalmente recoge la colaboración con los ayuntamientos y la posibilidad de requerirles al cumplimiento de la Ley de 2007 a través de los instrumentos previstos en la normativa de régimen local de Castilla y León.
Además de estas cuestiones, en el Decreto también se incluye que se realizarán los estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN y la atribución expresa de la competencia en materia de memoria histórica a la Consejería de la Presidencia.
Alegaciones y sugerencias incorporadas al texto
El texto inicial de la norma fue sometido a un proceso de participación, dando a conocer el texto a las principales asociaciones memorialistas de Castilla y León y a las organizaciones sindicales más representativas, así como a través del Portal de Gobierno Abierto. Fruto de estos trámites, se recibieron numerosas aportaciones, muchas de las cuales se han incorporado al documento, ampliando el contenido y el alcance del Decreto.
Así, se ha simplificado y clarificado el procedimiento de autorización de exhumaciones y se han incorporado cuestiones relativas a la memoria y al reconocimiento, como el apoyo a los actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura del franquismo y la inclusión de estas materias en las aulas.
Siguiendo también las propuestas presentadas se incluyó la celebración de un convenio con el Centro Documental de la Memoria para actuaciones conjuntas y la elaboración de estudios para poder crear un banco de ADN.
