El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020, que contará con 33 medidas para impulsar la generación de riqueza y empleo en este sector, que ocupa a más de 4.000 trabajadores en la Comunidad.
El documento consta de 33 medidas, entre las que destacan las dirigidas a poner en valor el patrimonio geominero autonómico y las orientadas a facilitar la generación de actividad empresarial.
La última Estadística Minera de España revela que la Comunidad cuenta con 483 explotaciones activas, que representan un volumen de negocio cercano a los 363 millones de euros. El 73,5 % de los yacimientos están relacionados con productos de cantera; el 20,9 % con roca ornamental; el 3,3 % con minerales industriales; el 2,1 % con energéticos y, finalmente, el 0,2 % se encuadran en la minería metálica. A estos números hay que añadir las 26 explotaciones de aguas minerales y termales, sobre las que la Junta ejerce competencias exclusivas.
Estos datos ponen de manifiesto la importancia estratégica que tiene este sector para la economía de Castilla y León, tanto por su vinculación con los recursos endógenos del territorio como por su capacidad para dinamizar y fijar población en el medio rural. De ahí que la Consejería de Economía y Hacienda se plantee potenciarlo con ayuda de esta estrategia, que está alineada con los retos marcados en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y en el Plan Director de Promoción Industrial, y es coherente con el marco regulatorio definido en la Estrategia Europa 2020.
El documento, que ha sido enriquecido con las aportaciones ciudadanas realizadas a través de Gobierno Abierto y las del sector por medio de la Comisión Regional de Minería, traza las directrices de la política económica en torno a los recursos minerales a partir de cinco ejes. El primero aborda la Ordenación Minero-Ambiental y pretende reforzar la visibilidad de proyectos susceptibles de explotación con mejoras en la página web para facilitar su búsqueda o gestión; intensificando la participación en programas de cooperación europeos para captar fondos, o a través de la celebración de un congreso general de minería, entre otras iniciativas.
Seguridad jurídica de la actividad y cuidado medioambiental
Asimismo, para favorecer su explotación productiva se plantea la redacción de un decreto de Minería para desarrollar con más claridad y reforzar la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos de autorizaciones, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos. Desde el punto de vista del cuidado medioambiental, se prevé la elaboración de un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener cierres prematuros o no planificados de empresas dedicadas a la explotación de yacimientos.
Dentro de este primer eje cabe mencionar, en último lugar, la confección de en un catálogo donde se ordenarán las estructuras mineras abandonadas en balsas, escombreras, explotaciones subterráneas, a cielo abierto y mixtas con una doble finalidad: determinar cuáles pueden ser reutilizadas como áreas de depósitos naturales de excavación y las que pueden llegar a ocasionar afecciones al paisaje o a la seguridad de personas y bienes. El segundo bloque de medidas, Vigilancia y Control, se centra en actualizar protocolos y guías de inspección y en reforzar las acciones en prevención de riesgos. En este apartado, merece la pena destacar la apuesta por el uso de drones en la supervisión de proyectos a cielo abierto, proyecto que da continuidad a la experiencia piloto sobre asistencia técnica llevada a cabo a partir de la colaboración iniciada en 2015 entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Universidad de León.
Apoyos a través de la Lanzadera Financiera y tramitación telemática de los Planes de Labores
El tercer epígrafe de la estrategia versa lleva por título Valorización Económica y engloba acciones para potenciar el desarrollo económico en torno al rico patrimonio geológico y minero que poseen muchas zonas de Castilla y León. Aquí se incluyen iniciativas de puesta en valor de los centros de interpretación como atractivo turístico; medidas para impulsar la comercialización e internacionalización de productos mineros; apoyos a la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito minero a través de la Lanzadera Financiera, con especial atención a proyectos relacionados con las materias primas consideradas críticas por la Unión Europea por su capacidad para abrir nuevos nichos de negocio en la Comunidad, y mejoras de eficiencia y ahorro energético que contribuyan a reforzar la competitividad de las empresas del sector.
En la misma línea de allanar el camino a todo emprendedor que quiera abrir o ampliar su negocio en torno a los recursos minerales de Castilla y León, el cuarto eje del plan aborda medidas de Eficacia Administrativa. En concreto, recoge el compromiso de habilitar una plataforma que permita a los empresarios la presentación y tramitación telemática del Plan de Labores –un documento imprescindible para efectuar un seguimiento de los proyectos de explotación e investigación–, lo que agilizará los procedimientos y ahorrará tiempo y papel. Este paso se acompañará de mejoras en la sede electrónica, con más información relevante para promotores y particulares.
Interlocución más fluida con el sector
Asimismo, para garantizar una interlocución más fluida con el sector y atendiendo sus sugerencias, se modifica la estructura de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León, que operará con tres subcomisiones de carácter temporal –Áridos y Minerales Industriales, Pizarra y Rocas Ornamentales, y Carbón y Minería Metálica– y una permanente, de Seguridad y Salud Minera, además del Pleno y el Comité Permanente.
Para finalizar, el quinto y último bloque del documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se denomina Gestión del Conocimiento y proyecta medidas de formación y de difusión. En el primer concepto se incluyen actividades para los funcionarios de la administración, los profesionales del sector y los universitarios. El segundo epígrafe prevé la creación del Catastro Minero de Castilla y León –para recopilar digitalmente los derechos mineros– y un plan para mejorar la imagen social de la actividad minera.
