La modificación incluye novedades en su articulado para, en determinados supuestos, disminuir las cantidades que el usuario aporta. El decreto que se modifica establecía un sistema de precios públicos por servicios prestados por la Administración Regional en servicios sociales, concretamente en el ámbito de la atención a las personas mayores, personas con discapacidad y personas declaradas dependientes, para los servicios de atención residencial (residencias y viviendas), de centro de día (estancias diurnas y centros ocupacionales).
Uno de los objetivos de la modificación del decreto es introducir mejoras con el objeto de favorecer la participación social de las personas con discapacidad, aumentando las cuantías garantizadas para gastos personales y reduciendo el copago de las personas sin cónyuge o pareja de hecho usuarias del servicio de centro de día, que residen en su domicilio familiar, e incentivos para que las personas con discapacidad, menores de 65 años, mantengan su patrimonio y no tengan que realizar aportación económica por él, al objeto de favorecer su inclusión social.
Para la elaboración de esta disposición se ha contado con la participación y el consenso del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León CERMI CyL, y de la sociedad en general, a través del portal de transparencia y participación ciudadana de la Junta de Castilla y León, Gobierno Abierto.
Estructura y contenido
El decreto consta de nueve apartados, en los que se incorporan modificaciones. En concreto, se modifica el cómputo de los ingresos procedentes del empleo realizado por la persona con discapacidad usuaria del servicio público, pasando de computarse el 100 % de los ingresos al 70 %, y dejando de considerar el patrimonio de las personas con discapacidad menores de 65 años.
Se modifica también la cantidad mensual garantizada (dinero de bolsillo) para el sector “personas con discapacidad” que reside en viviendas, que pasa de ser del 20 % al 45 % de la Pensión Mínima de Jubilación, que equivale en 2019 a 272,30 euros; y se garantiza a las personas usuarias de residencia de personas con discapacidad, en determinados supuestos, la cantidad mensual equivalente al 37 % de Pensión Mínima de Jubilación que equivale en 2019 a 223,89 euros. Anteriormente era también del 20%.
Se reduce el copago que corresponde a las personas que no tengan cónyuge o pareja de hecho y sean usuarias de servicio de centro de día para equiparar la aportación de estas personas a la de las personas en iguales circunstancias, casadas o con pareja de hecho. Para una mayor seguridad jurídica de los usuarios se procede también a aclarar los conceptos que se incluyen en la capacidad económica de los mismos. Todas estas medidas supondrán un ahorro anual para los usuarios de 3.790.000 euros.
