La Junta de Castilla y León asumirá el pago de los gastos de la Fundación Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) para garantizar su funcionamiento mientras la entidad, formada por la Administración, sindicatos y patronal, busca la fórmula para reducir algunas partidas y lograr algunos ahorros, como en el alquiler de la sede, mediante el traslado a dependencias de la propia Comunidad o mediante la búsqueda de unas instalaciones más baratas, que las actuales en el centro de Valladolid.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó la decisión adoptada por el Ejecutivo para permitir con la subvención de 400.000 euros otorgada al Serla en mayo, y sin incrementarla, abonar los gastos adeudos por el arrendamiento de la sede, unos 28.000 euros, que ya habían motivado el inicio del proceso de desahucio, previsto para el mes de septiembre.
Asimismo, la Junta permitirá la Fundación pagar las nóminas que no había cobrado el director gerente del Serla, equivalente a la remuneración de un alto cargo o director general de la Junta, así como otros servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de conflictos laborales. También, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, que se podrán dedicar a gastos del segundo semestre del pasado año 2023.
Esta decisión de la Junta, que se produce tras la ruptura del pacto de PP y Vox y la conformación de un gobierno en solitario presidido por Alfonso Fernández Mañueco, se ajusta al acuerdo alcanzado por los miembros del Diálogo Social con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el pasado lunes, cuando acordaron dar una salida a la situación del Serla y reactivar este modelo de concertación en la Comunidad.
En ese sentido, Fernández Carriedo explicó a preguntas de los periodistas que la Junta pagará el alquiler de la sede mientras se lleva a cabo la búsqueda de ahorros, mediante el traslado a otro espacio “a coste cero” o con un precio “más reducido”, ya que explicó el Ejecutivo tiene la “obligación” de sufragar los gastos que se generen por la prestación de un servicio público. También indicó que aunque no haya ninguna aportación de otra administración, harían el “esfuerzo” para hacer frente “a todas las deudas” con el fin de no perjudicar a los ciudadanos.
Al respecto, el consejero portavoz insistió en que la Junta garantiza y ha garantizado “siempre” el funcionamiento del Serla, también en esta legislatura, donde Vox gestiono la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de su titular Mariano Veganzones. A pesar de las críticas del Gobierno de España, dijo Fernández Carriedo, el servicio ha seguido existiendo y añadió que ahora además se flexibiliza las condiciones de la aportación de la Junta para que puedan hacer frente a las deudas, tanto del arrendamiento, como del director gerente, como de otros servicios.
No obstante, el portavoz de la Junta aseguró que la “idea” del Gobierno autonómico es que el Serla siga con su actividad, al ser un órgano “relevante", que ayuda a reducir la conflictividad laboral, puesto que evita huelgas y paros, pero también que intente ofrecer su servicio de la “forma más eficiente posible” y con el “mayor nivel de austeridad posible”. Por tanto, señaló que la Junta asumirá los gastos generados, como los del arrendamiento, y la nómina de su gerente, mientras los integrantes de la Fundación estudian cómo lograr ahorros, una tarea en la que apostilló hay “campo por delante”.
De esta forma, la Junta, según reiteró Fernández Carriedo, pretende asegurar la “máxima calidad” en la prestación del servicio y hacerlo si es posible a un “coste algo menor”. Por ello, insistió en que esta tarea de examinar los gastos es una “obligación” para los patronos de la Fundación.
Permanente del Diálogo Social
Por otra parte, el portavoz de la Junta confirmó que a finales de agosto o principios de septiembre se celebrará la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social para concretar y finalizar los acuerdos adoptados fruto del trabajo y la negociación del último año. El siguiente paso, dijo, será llevar estas materias al Consejo del Diálogo Social que preside Fernández Mañueco y que en el último debate de política general en las Cortes ya avanzó pactos en algunas materias.
Precisamente, Fernández Carriedo recordó que hace un año se celebró la última reunión del Consejo del Diálogo Social en la que se acordó crear algunas mesas de negociación en materias sectoriales, como son los servicios públicos, los aspectos económicos y los laborales. “Se ha trabajado en este tiempo”, dijo por lo que en las próximas semanas, tras el parón estival, se reunirá la Permanente, como avanzó la consejera de Industria.
