Solo cinco de las 17 comunidades autónomas del país han habilitado líneas especificas de ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de la lucha contra el coronavirus. Castilla y León, Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares han dispuesto mecanismos de transferencias de fondos hacia las entidades locales, aunque con montantes muy diferentes: la Junta lleva aprobados más de 92 millones; Baleares, 45; Madrid, 37,8; Andalucía, 12 millones y Valencia, más de 11,5 millones, según la información recabada por Ical en los distintos Ejecutivos autonómicos.
En este sentido, la tónica predominante de las administraciones, tanto nacional como autonómica, ha sido la aprobación de ayudas a los colectivos afectados, pero no a los ayuntamientos o diputaciones porque los gastos generados en cada Consistorio “son competencia de los municipios” que en momentos “de máxima necesidad como el actual tienen la posibilidad de hacer uso de los ingresos del superávit y los remanentes que les corresponden para así hacer frente a los efectos económicos derivados de la crisis sanitaria”, tal y como justifican en conversación con Ical fuentes de la Xunta de Galicia.
La mayoría de los Gobiernos autonómicos recuerdan que el apoyo a los consistorios se circunscribe a los fondos de cooperación local que se aprueban anualmente en los presupuestos y algunos de ellos, como la Comunidad Valenciana, ha hecho una recomendación a las entidades locales para que en sus inversiones prioricen las cuestiones relacionadas con la pandemia, “pero son solo recomendaciones, no una obligación o una exigencia”, dicen desde la Generalitat.
La Comunidad de Madrid también ha realizado modificaciones en este fondo para facilitar liquidez a los ayuntamientos y ha incrementado el porcentaje del dinero que reciben del Plan de Inversiones autonómico para financiar el gasto corriente derivado de la COVID-19. Esto supone permitir a los ayuntamientos que gasten 57,8 millones de euros en este capítulo, pero no un incremento de gasto por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
La Junta de Castilla y León es la que ha comprometido más cuantía con tres fondos con una dotación total de 92,7 millones de euros. El primero, ya abonado, contemplaba 0,7 millones de euros para atender las necesidades en materia de servicios sociales. El segundo fue pactado con todos los partidos del arco parlamentario en al acuerdo de reconstrucción y suma 80 millones repartidos entre servicios sociales (40 millones), inversiones (20 millones) y empleo (20 millones). Los 60 millones dirigidos a servicios sociales y empleo está previsto que se tramite antes de que finalice este año, mientras que los 20 millones correspondientes a inversiones, ya se han publicado las bases y, a petición de las entidades locales, los proyectos se presentarán a partir del próximo 1 de enero.
Hay un tercer fondo extraordinario, en este caso por importe de dos millones de euros, para que las entidades locales y ayuntamientos puedan hacer frente a los gastos extra de limpieza en centros educativos, una tarea competencia de las entidades locales, y que han tenido que reforzar en los últimos meses para atender a las medidas de seguridad establecidas. En este caso, la tramitación es cuatrimestral y se está gestionando el primero del curso 2020-2021.
El Gobierno balear ha dirigido este apoyo a los ayuntamientos a un programa de inversiones para la reactivación económica, del que aporta el 75 por ciento del total, con un fondo de 45 millones de euros para obras y proyectos dirigidos a optimizar el consumo del agua, ahorro energético, mejora de la eficiencia energética, eliminación de barreras arquitectónicas, movilidad urbana sostenible y la mejora de los espacios urbanos.
Madrid tiene, además de la modificación del plan de inversiones, ha dispuesto un fondo de 35 millones para todos los ayuntamientos de la Comunidad menos la capital para ‘formación en alternancia’ financiando el reciclaje y la contratación de parados de larga duración. Además, otra línea de 2,8 millones a financiado un total de 570 iniciativas en 139 municipios para intentar captar turismo de proximidad y estimular así la demanda económica.
Cuantías menores
La cuantía del fondo andaluz es menor. El Gobierno de esta comunidad habilitó una línea de ayudas extraordinarias a los municipios por valor de 10 millones de euros; cuatro millones para los 315 municipios de menos de 1.500 habitantes (con una ayuda de entre 6.000 y 21.000 euros), y seis millones para las 248 entidades de entre 1.501 y 5.000 habitantes, con una cuantía mínima de 18.000 euros. Fuentes del Ejecutivo indicaron que estas subvenciones se transfirieron “directamente” a los 563 ayuntamientos beneficiarios, que son el el 70 por ciento del total de la Comunidad y podrán gastarse hasta final de año. Estas ayudas, que muchos ayuntamientos ya han justificado, estaban destinadas al pago de gastos de limpieza y desinfección de calles y edificios municipales; la compra de equipos de protección, atención a los vecinos más vulnerables o, incluso, adquisición de tablets para escolares.
Asimismo, la Junta de Andalucía promulgó ayudas extraordinarias por importe de 2,2 millones para 13 ayuntamientos de Almería y Huelva que cuentan con asentamientos de inmigrantes en los que viven más de 4.300 personas para poder garantizar alimentos, agua potable y equipos de protección durante el confinamiento, así como poder acometer los trabajos de limpieza y desinfección de esos asentamientos.
El Gobierno valenciano también aprobó al inicio de la crisis y coincidiendo con la aprobación del primer fondo del Ejecutivo central para las comunidades autónomas una partida de 11,5 millones para gastos sociales en los que incurrieran las entidades locales. También ha aprobado sendas líneas de ayuda para adecuar las instalaciones municipales y los mercados municipales en la prevención de contagios o otra dirigida a entidades rurales, con un importe de casi 200.000 euros.
También el Gobierno asturiano también ha habilitado fondos para la lucha contra el COVID-19 en las entidades locales a través del Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y que se dirigen a garantizar el derecho básico de alimentación a los niños en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de los centros escolares (unos 815.000 euros en el tercer trimestre); adquisición de epis y ayudas de emergencia.
