El Programa de Formación Profesional Específica con Compromiso de Contratación (FEMP) durante el periodo 2026-2027 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo contará con una dotación global de 1.800.000 euros. Así se ha convocado este mismo miércoles desde la Junta de Castilla y León desde el Servicio Público de Empleo de la comunidad, quienes añaden que las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes en el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.
Tal y como apuntan desde la administración, la convocatoria exige el compromiso de contratación de al menos un 50% de los alumnos que participen en las acciones formativas subvencionadas. “El objetivo es mejorar la empleabilidad efectiva de las personas desempleadas, ajustando su cualificación a las necesidades reales del tejido productivo de Castilla y León, marcado por procesos de digitalización y transición ecológica”, explican.
Para más detalle, el mencionado importe de las ayudas se ha calculado en función de los módulos económicos por hora de formación y alumno, con un límite máximo de 300 horas por acción formativa. Así, las cuantías oscilan, para la parte teórica de la formación, entre los 13 y los 9 euros por hora y alumno; y para la formación práctica, entre los 6 y 3 euros por hora y alumno.
Además, las empresas y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias deben comprometerse a contratar a un mínimo del 50% de los alumnos formados en un periodo máximo de 15 días tras acabar la formación. Como excepción, en los puestos que requieran pruebas de aptitud específicas el plazo se amplía a seis meses. Dicha contratación deberá mantenerse durante un periodo mínimo de entre 180 y 360 días, dependiendo del tipo de jornada.
En cuanto a la formación, que podrá desarrollarse desde el momento de la concesión de la ayuda hasta el 31 de agosto de 2027, será presencial, pudiendo utilizarse el aula virtual como medio complementario, y podrá incluir prácticas no laborales en centros de trabajo ubicados en Castilla y León.
Tal y como apuntan, se prioriza la contratación de desempleados con bajo nivel de cualificación, así como a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, parados de larga duración y beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital. También se consideran colectivos prioritarios los trabajadores afectados por ERTE o por el Mecanismo RED.
