La Junta de Castilla y León ha sido una de las instituciones pioneras en llevar al debate europeo el reto demográfico, así como en pedir políticas transversales para hacer frente al mismo. En este sentido, la Junta sigue demostrando su papel activo en la reivindicación de la necesidad de que la Unión Europea afronte los desafíos demográficos en el debate sobre la futura Política de Cohesión después de 2020 con la intervención de hoy de la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, en el Comité de las Regiones.
María de Diego ha puesto de manifiesto la importancia de la Política de Cohesión como uno de los pilares de la Unión Europea (UE). En concreto, Castilla y León ha experimentado en los últimos años una evolución importante gracias, en gran parte, al apoyo de la Política de Cohesión y de los fondos a ella asociados.
La Unión Europea se encuentra actualmente en un momento crucial en el que debe debatir y aprobar el próximo Marco Financiero Plurianual, que debe alinear lo mejor posible la financiación disponible y las prioridades políticas para ayudar a la UE a hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta, siendo uno de ellos el reto demográfico.
Se trata de un reto que afecta a todos en mayor o menor medida, que incide sobre todas las ciudades y regiones europeas sin excepción. El envejecimiento de la población y su correlato, la cada vez menor presencia de jóvenes en nuestra sociedad, es un hecho incontestable en toda Europa. Las actuales tasas de natalidad no tienen el vigor suficiente para revertir este proceso: doce Estados miembros han perdido población en el último año con datos disponibles (2014). Además, la reciente crisis económica ha acentuado esta situación.
Una Europa capaz de crecer y de crear empleo sería el mejor contexto posible para afrontar este reto. La realidad es que las regiones con mayores desafíos demográficos requieren de un mayor esfuerzo para crecer, para crear empleo, para cumplir los objetivos de la Estrategia UE2020. “Necesitan realizar un mayor esfuerzo económico para prestar los servicios básicos a sus ciudadanos y, por tanto, cuentan con menor posibilidad de invertir esos recursos en otras políticas orientadas al cumplimiento de esos objetivos, como es el caso de Castilla y León”, ha recordado María de Diego.
Ante esta situación, el Comité de las Regiones aprobó en junio de 2016 un dictamen a iniciativa de Castilla y León sobre la ‘Respuesta de la UE al reto demográfico’ cuyo ponente fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. En este dictamen se constata que el cambio demográfico es uno de los mayores retos a los que se enfrenta toda la UE y que, por tanto, no puede cerrar los ojos ante este desafío. El cambio que se está produciendo es de tal magnitud que no podrá ser afrontado sin intervenciones al nivel de cada uno de los Estados miembros y de las propias instituciones de la Unión en su conjunto. “Estamos ante un reto que demanda una respuesta europea. Respuesta que, tal y como recoge el dictamen, debe ser amplia, coordinada e integradora”, ha destacado la viceconsejera.
Desde la Junta de Castilla y León se considera que las propuestas que recoge el mencionado dictamen deben ser tenidas en cuenta por la UE en el próximo periodo de programación, en el Marco Financiero Plurianual y, especialmente, en el diseño de la futura política de cohesión. Porque si bien todas las políticas europeas deberían tener en cuenta los desafíos demográficos, la política de cohesión ha de jugar un papel fundamental y ha de orientarse decididamente a hacer frente a este reto, tanto en su alcance como en los mecanismos de ejecución, de modo que contribuya a superar las barreras y a un desarrollo equilibrado de todos los territorios.
Consideraciones de la Junta sobre la futura Política de Cohesión después de 2020
La Junta de Castilla y León es partidaria del mantenimiento de una política de cohesión fuerte y con un nivel de fondos europeos destinados a sufragarla igual o superior a la actual, para mantener y no retroceder en el progreso económico, social, integrado y sostenible de las regiones y ciudades europeas.
También entiende que debe ir orientada a todas las regiones para que puedan continuar su progreso, siendo importante apoyar a las regiones en transición, pero también a las desarrolladas.
La viceconsejera de Ordenación del Territorio también ha apuntado hoy en Bruselas que, en esta nueva política de cohesión, “deben contemplarse de forma prioritaria los desafíos demográficos, en términos de destino de fondos y de diseño y la aprobación de una política y de un estrategia europea ad-hoc, dotada presupuestariamente al efecto”.
Desde el punto de vista de la Junta, “la política de cohesión no debe perder de vista su objetivo original de reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales, debiendo ofrecer mayor libertad para que las distintas administraciones emprendan las acciones que sus territorios más necesiten”, ha subrayado De Diego.
