La evolución del COVID-19 en la comunidad autónoma confirma que uno de los grupos de riesgo que más está sufriendo esta emergencia sanitaria son las personas mayores. En nuestraComunidad existen 1.214 centros residenciales, tanto de mayores como de discapacitados, incluidas las viviendas tuteladas.
La preocupación por este grupo de riesgo, y por el personal que atiende estos centros, ha sido objeto de un constante seguimiento y toma de decisiones en las diversas reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) autonómico, que se han ido celebrando sucesivamente desde la activación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), tras la declaración del estado de alarma, así como en las diferentes reuniones de los CECOPI´s provinciales celebradas diariamente. Por eso se considera necesario seguir avanzando en esta coordinación de esfuerzos por parte de las diferentes administraciones para poder así minimizar los riesgos del COVID-19.
Por ello, la Junta de Castilla y León, con la intervención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de la Presidencia en la coordinación de los Delegados Territoriales, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de la Delegación del Gobierno, junto con las nueve subdelegaciones provinciales, han considerado procedente la adopción de dicho protocolo de coordinación.
Objeto del protocolo
El objeto de este protocolo es formalizar un procedimiento y maximizar la coordinación entre las administraciones firmantes en cuanto a las acciones y los medios de que disponen para la mayor protección y prevención de los centros residenciales de mayores y discapacitados. Se trata, por parte de la Junta de Castilla y León, de las acciones de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, las Unidades Covid-19 de atención primaria y de residencias, la actuación en desinfecciones de funcionarios y particulares voluntarios, y por parte del Gobierno de España la posible intervención de las Fuerzas Armadas, previa solicitud al Ministerio de Defensa, a través del procedimiento establecido. En estas labores colaboran y pueden colaborar otras administraciones, entidades y voluntarios coordinados en el marco de los CECOPI provinciales. Todo ello para dar una respuesta integral de todas las administraciones y medios en las labores de vigilancia, desinfección, atención, mantenimiento y seguimiento de los centros residenciales de mayores y discapacitados que lo precisen.
El objetivo último es poder mejorar la situación de las residencias afectadas, restableciéndolas a una situación estable, que permita el normal funcionamiento de las mismas, y prevenir para evitar contagios en el resto.
Se centra la atención en las residencias que por la situación actual de las mismas tienen un número elevado de personal laboral y/o de residentes con síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus. De otro lado, se consideran residencias de carácter general las que no tienen ningún caso de personal laboral y/o residentes que tengan síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus, y, en el caso de existir alguno, está suficientemente aislado y controlado.
A los fines de dar cumplimiento este protocolo se organizan nueve grupos de acción y seguimiento, uno por provincia, integrados por el delegado territorial de la Junta, el subdelegado de Gobierno, el gerente territorial de Servicios Sociales, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, el responsable de los equipos COVID-19 en la provincia, un representante del equipo de desinfección, y otros servicios que se considere convenientes.
