La Junta de Castilla y León lleva más de 25 años trabajando en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en países en desarrollo a través de diferentes programas e instrumentos que canalizan sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y las desigualdades en todas sus dimensiones. En el marco de la convocatoria anual para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, durante 2017, se han apoyado 40 acciones en 14 países empobrecidos -que se ejecutarán durante 24 meses-, con un aporte de 3.814.000 euros.
Las acciones y estrategias apoyadas vienen marcadas por el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, así como por la Agenda 2030 de Desarrollo Mundial y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación del enfoque de género, la sostenibilidad medioambiental y la apropiación del Enfoque Basado en Derechos (EBDH) son las tres prioridades que todas las intervenciones deben incorporar de manera transversal.
En coherencia con las prioridades del III Plan Director, se ha dedicado más del 40 % de las intervenciones a países del África Subsahariana, confirmando de esta forma el compromiso con los países de menor índice de desarrollo humano. De estas intervenciones, se beneficiarán 85.602 personas. Por otro lado, casi el 29 % de las intervenciones se ha destinado a América del Sur; a América Central y al Caribe, el 26,78 %; y Asia ha recibido el 1,59 %. Las acciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de estos territorios, con una atención especial a mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, población refugiada y desplazada, pequeños productores de alimentos y las personas enfermas o dependientes.
Prioridades sectoriales de intervención: seis derechos humanos
En lo relativo a la distribución sectorial de las subvenciones, en el apoyo a proyectos e intervenciones de desarrollo en países empobrecidos se aplican las prioridades sectoriales de intervención sustentadas en el Enfoque Basado en Derechos Humanos y, en concreto, en seis derechos humanos dirigidos a garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas: derecho a la alimentación, al agua y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda y a los medios de vida adecuados.
En este sentido, el 62,27 % de los proyectos subvencionados en 2017 se destinará a servicios colectivos de carácter básico -educación, salud y agua y saneamiento- y el 32,96 %, a garantizar el derecho humano a la alimentación.
En lo que se refiere a garantizar el derecho humano a la educación, se han beneficiado un total de 34.237 niños. Las intervenciones apoyadas se han concentrado en la rehabilitación o construcción de infraestructuras educativas como la escuela de Sanmatenga, Burkina Faso; la creación de aulas infantiles en Nicaragua; la ampliación del kindergarten-Paweo, en Etiopía, o la ampliación de la capacidad de la Escuela de San Carlos Lwanga en Moatlize (Mozambique). También se ha apoyado la mejora de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito escolar en lugares como Sédhiou, en Senegal, con la construcción de letrinas y los programas escolares higiénico-sanitarios. A su vez, se ha incidido en la formación del profesorado y los equipos directivos para la mejora de la calidad educativa, por ejemplo con el proyecto de fortalecimiento de 40 escuelas primarias del Departamento de San Marcos en Guatemala o con aquellas actuaciones dirigidas a ofrecer servicios complementarios para el acceso a la educación, como la dotación de vehículos de transporte escolar en asentamientos alejados en Granada, Nicaragua.
En cuanto al derecho humano a la salud, la colaboración se concentra especialmente en la accesibilidad a los servicios sanitarios, con acciones que incluyen la construcción y rehabilitación de infraestructuras para la atención segura y adecuada, como la llevada a cabo en Tayacaja, Perú, orientadas a la salud materno infantil. Además, se han impulsado intervenciones relacionadas con las prácticas higiénicas saludables como es el caso de los asentamientos humanos de Iquitos, en Perú, en los que además se forman agentes comunitarios en salud. Asimismo, se ha dado cabida a intervenciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención primaria con talleres y capacitación de agentes comunitarios para la salud y el apoyo a brigadas médicas móviles, por ejemplo, en Rosita, Nicaragua. Por último, también se ha apoyado la dotación de equipamiento especializado sanitario, como es el caso de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del hospital de Kalyandurg, en Anantapur, India; o la dotación de un banco de sangre e incubadoras en el hospital Julia Blasco para neonatos prematuros y niños con anemia falciforme y anemia palúdica en las comunidades campesinas de Ciyamba, en la República Democrática del Congo. El número total de personas que verán mejoradas sus condiciones sanitarias gracias a la Junta es de 53.819, de las que 27.945 son mujeres.
En relación a las actuaciones para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, la Consejería de la Presidencia desarrolla tres líneas principales de trabajo. En primer lugar, el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de abastecimiento de agua como el que se implementará en Villa Tunari (Bolivia), con una visión integral que incluye también la mejora de los hábitos de uso del agua. Por otro lado, la mejora del acceso al agua potable como en Cochabamba, Bolivia, con puntos domiciliarios, o la dotación de equipos para la potabilización de los sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales en Nicaragua. En tercer lugar están los programas integrales de gestión de agua donde el saneamiento, el tratamiento de las aguas negras o la generación de ingresos también tienen cabida, como el implementado en Dar es Salaam, Tanzania. Con todas estas intervenciones, 65.535 personas tendrán un impacto positivo en su derecho al agua y el saneamiento, de las cuales 34.231 serán mujeres y niñas.
Un total de 8.790 personas, de las que el 68 % serán mujeres, se verá beneficiado directamente por la acciones de la Junta para garantizar el derecho humano a la alimentación. Para ello se han apoyado proyectos que impulsan huertas familiares gestionadas por mujeres y huertas ecoeducativas como la que se desarrolla en El Alto y Achocalla, en Bolivia, o el llevado a cabo con 250 mujeres en diez comunidades rurales indígenas del Altiplano Central en Guatemala. También intervenciones que incluyen formación en procesos productivos agroecológicos, como la realizada en el Departamento de Cabañas en El Salvador, en la que se incorporan, además, microemprendimientos productivos. Por otro lado, se han financiado intervenciones que incluyen bancos de semillas y fondos de materias primas, como el que se gestionará en el Departamento Podor en Senegal con mujeres campesinas que, además de la creación de un fondo de apoyo para el suministro de materias primas, contempla la construcción de una planta transformadora de arroz.
Por último, respecto a las intervenciones dirigidas a garantizar el derecho humano a medios de vida adecuados, se han apoyado dos tipos de intervenciones: por un lado, un proyecto de naturaleza agrícola en Senegal que fortalece el centro piloto de desarrollo agrícola para mujeres campesinas en la zona Sur de Kolda y que incluye la creación de grupos de ahorro comunitario y talleres de capacitación y, por otro lado, una intervención en La Paz, Bolivia, dirigida a niñas y adolescentes víctimas de trata de blancas rescatadas, para proporcionales un hogar transitorio adecuado donde recibir tratamiento psicológico, así como facilitarles la formación profesional que las provea de los medios de subsistencia necesarios.
