Las ayudas convocadas por la Consejería de Empleo tienen como objetivo financiar los costes de la contratación y de seguridad social de trabajadores especializados como preparadores laborales para facilitar el normal desarrollo de la actividad laboral de trabajadores con discapacidad contratados en empresas ordinarias.
La cuantía de las ayudas se establece en función del número de trabajadores, con el tipo de discapacidad y el grado de minusvalía de los destinatarios del apoyo de los profesionales contratados. De esta forma hay tres niveles de ayuda: 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 %; 4.000 euros anuales por cada trabajador con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %; y finalmente, 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, o personas sordas y con discapacidad auditiva reconocida igual o superior al 33%.
Las subvenciones se reducirán proporcionalmente según la duración del contrato y la duración de la jornada del trabajador con discapacidad. Por otra parte la contratación del trabajador con discapacidad tiene que haberse realizado entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 y las solicitudes se pueden presentar hasta el 16 de septiembre de 2018.
Beneficiarios
Las ayudas están dirigidas a asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a los trabajadores con discapacidad a los que se les va a prestar el empleo con apoyo
También se pueden beneficiar de estas subvenciones los centros especiales de empleo calificados e inscritos en el registro, que suscriban un convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a trabajadores con discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros especiales de empleo. Asimismo las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten a los trabajadores con discapacidad beneficiarios de dichas acciones siempre que cuenten en su plantilla con preparadores laborales especializados.
