El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han firmado un convenio de colaboración para unificar la Inspección de Trabajo a través de la colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León. La finalidad última de este convenio, que se enmarca en el gran objetivo de Legislatura de crear más empleo y de más calidad, es la mejora de la coordinación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través de un trabajo conjunto y una interlocución ágil y permanente.
El acuerdo firmado da cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Junta en el V Plan de Prevención que forma parte de la II Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020, consensuada con los agentes económicos y sociales en enero de 2016. Estos compromisos buscaban adecuar los instrumentos de la Inspección a la nueva Ley estatal ‘Ordenadora del Sistema e Inspección de Trabajo y Seguridad Social’ y dotar a la Inspección de Trabajo de suficientes medios humanos y materiales para cumplir el V Plan de Prevención
El convenio fija los mecanismos de cooperación entre las dos administraciones, las facultades y funciones de la Autoridad Autonómica en materia de inspección, el establecimiento de los planes, programas y actuaciones de cada Administración, de manera que se complementen y actúen de forma única, así como los medios materiales y humanos necesarios.
Para ello se crea la ‘Comisión Operativa Autonómica’ que se constituirá en Castilla y León e informará al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que estarán representadas todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Esta comisión será un órgano de cooperación y colaboración mutua de ambas administraciones que vigilará el cumplimiento de las normas en la Comunidad y la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La colaboración entre ambas instituciones prevé también la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los temas relacionados con la Inspección de Trabajo, a través de los órganos de representación de carácter consultivo propios de Castilla y León. Esta participación corresponde a que son representantes de los trabajadores y empresas, principales destinatarios de la acción inspectora.
Inspección de trabajo en Castilla y León
La Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León y las nueve Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social son las unidades administrativas responsables del servicio público de control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social, desarrollando actuaciones preventivas, correctoras y sancionadoras.
La Inspección está integrada por 64 inspectores y 64 subinspectores laborales de empleo y seguridad social, incluyendo dentro de esa cifra un director territorial, nueve jefes de inspección y cinco Jefes de unidad especializada, además de un total de 126 personas que realizan funciones administrativas, de apoyo y colaboración. Por otra parte, desde el mes de septiembre de 2016, están operativos veinte técnicos habilitados de Seguridad y Salud Laboral, funcionarios que ejercen labores de comprobación de condiciones de seguridad y salud laboral en centros de trabajo de la Comunidad.
Actuaciones de la Inspección
Como consecuencia de la acción inspectora, desde el año 2012 se han transformado en indefinidos 13.500 contratos temporales (de ellos, casi 3.900 en 2016). También desde 2012, han aflorado más de 25.300 empleos sumergidos (de los cuales, más de 5.000 lo fueron en 2016).
El Programa de actuaciones de la Inspección para 2017, cuenta con cuatro áreas, dos de ellas competencia de la Comunidad, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, y otras dos competencia del Estado; Seguridad Social y Economía Irregular. Para el presente ejercicio está previstas 42.428 actuaciones en estas materias, de las cuales 16.911 corresponden a las actuaciones que son competencia de la Junta de Castilla y León.
Se trata de actuaciones claramente dirigidas a la protección y mejora de la calidad del empleo de los trabajadores en acciones para la erradicación del empleo sumergido o irregular, el control del fraude en la contratación temporal y en el contrato a tiempo parcial, o la firmeza en el control de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales con el objetivo de promover la seguridad y salud de los trabajadores. En concreto se incrementa en un 19,9 % las inspecciones de contratos laborales, un 7 % las que corresponden a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un 3,5 % las que verificarán las condiciones de trabajo.
