El Gobierno autonómico ha mantenido esta mañana, en la Secretaría de Estado de Función Pública, una reunión de trabajo en la que se ha analizado uno de los acuerdos suscritos en la reciente Conferencia de Presidentes, en materia de empleo público. En concreto, tal acuerdo aludía a la “adopción de decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración Pública, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y con pleno respeto a los límites y reglas de gasto establecidos”.
El acuerdo también realizaba una mención expresa al porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales y la búsqueda de fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas para garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad.
A este respecto, la secretaria de Estado ha manifestado que se está estudiando ofertar todas las plazas vacantes en 2016 por jubilación –al igual que se hizo el año anterior- en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y a ellas poder sumar gradualmente un porcentaje de las plazas no ofertadas en años anteriores; y así, sucesivamente, hasta reducir el porcentaje de interinidad hasta unos registros similares a los anteriores al periodo de la crisis.
Sobre esta cuestión, desde el Gobierno de la Nación se ha recordado que, precisamente, Castilla y León presenta una de las tasas de interinidad más bajas de España, próxima al 17 % En la actualidad, hay 4.500 interinos más que al inicio de la crisis y la intención de la Junta de Castilla y León es reducir progresivamente esta cifra, siempre y cuando la regulación estatal lo permita.
El vicepresidente De Santiago-Juárez también ha trasladado la petición al Gobierno de la Nación de la modificación de la normativa básica para que la jornada de los empleados públicos vuelva a la regulación previa a la crisis. Sobre esta cuestión, la secretaria de Estado Elena Collado ha expuesto que este asunto no es prioritario, dado que supondría un notable incremento del gasto para las arcas públicas.
En octubre de 2015, la Junta de Castilla y León acordó con los sindicatos mayoritarios un acuerdo de legislatura en materia de modernización y recuperación de derechos de los empleados públicos. Uno de los puntos afectaba al pago del 100 % de las retribuciones durante las bajas laborales, un aspecto concreto que el Ministerio de Hacienda y Función Pública está estudiando.
Durante la reunión de esta mañana en Madrid, en la que también han participado la viceconsejera de Función Pública de la Junta, Marta López de la Cuesta, y dos directores generales del Ministerio de Hacienda, los representantes del Gobierno de España han mostrado su interés por el modelo y los avances de Castilla y León en una materia como el teletrabajo y por el concurso abierto y permanente para empleados públicos.
Reunión con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, la Viceconsejera de Función Pública, Marta López de la Cuesta, y la directora general de Función Pública, María Antonia Abia, se han reunido esta tarde con representantes de los empleados públicos de estos tres sindicatos. Gobierno autonómico y sindicatos firmaron el 29 de octubre de 2015 el acuerdo marco por el que se recuperan derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019. Entre los contenidos de aquel texto rubricado se incluían cuestiones planteadas hoy en la reunión con la Secretaría de Estado, por lo que De Santiago-Juárez ha querido exponer a CSIF, UGT y CC.OO. el contenido de la reunión celebrada en Madrid.
Por parte de la Junta se ha recordado que, tal y como se firmó en aquel acuerdo, se ha reclamado al Gobierno de la Nación la consideración de varios de los asuntos fijados entre Administración autonómica y representantes sindicales. Cabe recordar que el vicepresidente y consejero de la Presidencia formuló estas peticiones en dos cartas remitidas al ministro Cristóbal Montoro, en noviembre de 2016 y a finales de enero pasado, haciéndole partícipe de los aspectos consensuados con las fuerzas sindicales de Castilla y León.
