La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha mantenido durante todo este año reuniones de trabajo con las respectivas consejerías de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid para alcanzar las bases de una alianza estratégica con la que afianzar e impulsar el eje Madrid-Castilla y León-Galicia. El vicepresidente y consejero De Santiago-Juárez ha subrayado el propósito vertebrador y dinamizador de esta iniciativa, que será “motor de desarrollo y dinamización económica, social y ambiental que potencie las relaciones de cooperación estable” y coordine el ejercicio de competencias para que, con todo ello, los habitantes de estos territorios se vean beneficiados por este proyecto común. Los presidentes Juan Vicente Herrera, Alberto Núñez Feijóo y Cristina Cifuentes rubricarán en Madrid, antes de que finalice este año, el acuerdo sobre el que se asentará esta alianza estratégica.
De Santiago-Juárez ha realizado este anuncio en la mañana de hoy, en las Cortes de Castilla y León, en la primera de las comparecencias a petición propia de los consejeros del Gobierno autonómico con las que se da cumplimiento a una de las obligaciones autoimpuestas por la Junta en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; esto es, exponer a mitad de Legislatura el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para el periodo completo de cuatro años.
Próximas medidas para la mejora de la participación ciudadana
Uno de los proyectos más relevantes y próximos de la Consejería de la Presidencia es el Proyecto del Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa, cuyo texto previo como anteproyecto tendrá el visto bueno de la Junta en el próximo mes. El texto se centrará en tres puntos: la regulación de las consultas populares previstas en el artículo 11.5 del Estatuto, que son las relativas a decisiones políticas competencia de la Comunidad; la regulación de la iniciativa reglamentaria popular y la iniciativa ciudadana para la formulación de estrategias, planes o programas; y el mayor protagonismo de los órganos de participación ciudadana para la elaboración de las normas y de los planes, estrategias o programas incluso desde antes de elaborarse un texto inicial.
La Consejería ya ha iniciado los trámites para la elaboración del Proyecto de Ley por el que se regula la Conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación y el Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales, con la consulta pública previa de julio de 2017, y la previsión de aprobarlo antes del próximo verano. Este nuevo órgano, que estará presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León, se configurará como el marco idóneo para que los municipios de mayor población y las provincias puedan participar en las políticas de mayor incidencia autonómica. Además, el Estatuto de los miembros de las corporaciones locales, que se aprobará en desarrollo de la Ley de Ordenación, cuenta ya con un contenido avanzado a finales de la pasada legislatura, con total consenso, en un grupo de trabajo específico que se constituyó con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
Entre los proyectos que se materializarán a corto plazo –en concreto, antes de concluir 2017- también consta el IV Plan de Inmigración. En la actualidad, continúan las tareas del grupo de trabajo formado por sindicatos, empresarios, Federación Regional de Municipios y Provincias, asociaciones de inmigrantes y Centros Integrales de Inmigración.
Impulso de la regeneración democrática y la calidad política
En estos dos primeros años de Legislatura, el Gobierno autonómico ha remitido a las Cortes dos proyectos de ley referentes a esta materia: primero, el referente al Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ya en vigor; posteriormente, la relativa al reconocimiento y la atención a las víctimas del terrorismo en la Comunidad.
La nueva normativa sobre el desempeño de la actividad del alto cargo regula la imposibilidad de que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración Pública; hace incompatible la condición de presidente de Diputación, alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes con la de procurador en Cortes; limita los mandatos del presidente de la Junta y de las instituciones propias; limita a ocho años el mandato de los consejeros en un mismo departamento; regula por primera vez limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades privadas tras el cese -las conocidas como puertas giratorias- y establece que los secretarios generales y los directores generales sean nombrados, con carácter general, entre empleados públicos, entre otras cuestiones.
Asimismo, en mayo de 2016, la Junta aprobó y remitió a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. En noviembre de ese año, el parlamento autonómico lo aprobó.
Otro de los compromisos de la Consejería de la Presidencia para la Legislatura 2015-2019 es incorporar nuevos contenidos al Portal de Gobierno Abierto de la Junta con el objetivo de ampliar la transparencia de la Administración de la Comunidad.
La mejora en el Portal de Transparencia ha merecido que la organización Transparencia Internacional haya calificado con un 9,4 la transparencia de la Junta de Castilla y León y que valore que la información ofrecida tiene un alto nivel de calidad, tan solo superado por tres comunidades autónomas. Castilla y León también está entre las diez comunidades que cumplen las previsiones legales sobre publicación de los contratos en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, como ha reconocido hace unas semanas Transparencia Internacional.
Culminación del nuevo modelo de Ordenación del Territorio
El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha recordado hoy que en la pasada legislatura se puso en marcha el modelo de Ordenación del Territorio con un amplio consenso social y político. Esta legislatura se inició con el Acuerdo de 22 de Julio de 2015, en el que se firmaba un compromiso para continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio, especialmente en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, en las áreas funcionales estratégicas y en el Plan Plurianual de Convergencia interior. El 26 de enero de 2017 la Junta cumplió su compromiso y aprobó y remitió a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León y se modifican la Ley de Ordenación y la Ley por la que se declaran las áreas funcionales estables. Este Proyecto de Ley es el último paso para culminar el modelo de ordenación y es especialmente relevante para los 900.000 habitantes que viven en el medio rural.
El consejero de la Presidencia ha subrayado que este modelo se ha elaborado con la máxima participación y diálogo con la sociedad y con los municipios y realizando anteriormente una importante labor pedagógica. Además, cuenta con el informe favorable de la FRMP y del Consejo de Cooperación Local, así como con el visto bueno unánime del CES. También se ha tenido en consideración en un porcentaje elevado la ‘Resolución de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Castilla y León’ y se ha negociado intensamente con aquellos grupos parlamentarios que han tenido interés.
Mejora de la gobernanza y de la financiación local en Castilla y León
En el periodo 2015–2019, el presidente Herrera se comprometió a destinar una cifra no inferior a 250 millones de euros para la Cooperación Económica Local General. Los dos primeros años completos de legislatura, 2016 y 2017, han permitido dedicar a este fin el 59 % del objetivo marcado. Asimismo, en la comparecencia de inicio de legislatura, el consejero de la Presidencia se comprometió a dirigir, dentro de la Participación en los ingresos impositivos de la Comunidad Autónoma (PICAS), una cuantía no inferior a 43 millones de euros a lo largo de la legislatura para medidas, planes o programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes, para hacer frente a los desafíos demográficos. En los dos primeros años de la legislatura, se ha concedido el 51 % del total de la cantidad prevista.
Acuerdos en materia de Función Pública
A través del Acuerdo Marco firmado con los tres sindicatos más representativos de la Función Pública (CSIF, UGT y CCOO), se han recuperan derechos de los empleados públicos y se han fijado las prioridades en materia de Función Pública para estos cuatro años. Por lo que se refiere a la recuperación de derechos, De Santiago-Juárez ha afirmado que, en los primeros meses de la legislatura, se recuperó íntegramente la paga extra de la Navidad de 2012 y se restablecieron todos los días de libre disposición y de vacaciones adicionales. Además, la Consejería de la Presidencia está solicitando al Gobierno, conjuntamente con los sindicatos, que modifique la normativa y permita recuperar la jornada de 35 horas.
En julio de este año, se ha firmado con los tres sindicatos mencionados un nuevo acuerdo para seguir avanzando en esta materia. En cumplimiento de esos compromisos, está previsto que próximamente se negocie el incremento de la cobertura de las bajas laborales y se continuará progresando en la recuperación de la acción social.
En cuanto a la modernización de la Función Pública, según ha informado su titular, la Consejería de la Presidencia ha abordado una gran cantidad de actuaciones en esta legislatura, como la reducción de las estructuras administrativas; la inclusión de un nuevo instrumento de ordenación (el catálogo de puestos tipo) y la adaptación de la regulación a la convocatoria del concurso abierto y permanente; regular que la adaptación de relaciones de puestos de trabajo al catálogo de puestos tipo afecte solo a los titulares de las plazas cuando suponga incrementos de niveles o complementos; la aprobación de las órdenes de estructura de servicios centrales o la aprobación del Decreto de estructura de Delegaciones Territoriales, abriendo así el camino a la aprobación de las órdenes de estructura de los servicios periféricos.
En los próximos meses, se aprobarán las relaciones de puestos de trabajo de servicios centrales y periféricos para que, antes de finalizar marzo de 2018, se convoque el concurso abierto y permanente de funcionarios. Además, en las relaciones de puestos de trabajo se mejorarán las plazas de las zonas ultraperiféricas en cumplimiento del acuerdo del pasado mes de julio y, en materia de estructuras y relaciones de puestos de trabajo, se ha aprobado el catálogo de puestos tipo, con el voto favorable de CSIF, UGT, CCOO Y FSES en el Consejo de la Función Pública.
En relación con la Oferta de Empleo Público, en 2016, se aprobó la Oferta de Empleo Público agotando la tasa de reposición marcada por la Ley, lo que supuso la convocatoria de más de 3.100 plazas y, por primera vez, desde esta consejería se ha aprobado un proceso dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual.
En 2017, la Oferta de Empleo Público incluirá todas las plazas que corresponden a la tasa de reposición de 2017 y una parte de las plazas de estabilización de empleo temporal que prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Modernización de la Administración y avances en la simplificación administrativa
La Consejería de la Presidencia ha implantado un Plan de Digitalización y Modernización de las Oficinas de Registro. La implantación de una nueva aplicación en estas oficinas permite el intercambio registral con otras administraciones públicas y, sobre todo, la distribución electrónica inmediata de cualquier asiento y de su documentación anexa al órgano o unidad de la Junta competente para su tramitación.
Esta aplicación reduce sustancialmente la brecha digital entre las zonas rurales y los grandes núcleos de población, lo que supone garantizar la igualdad en sus relaciones con la Administración. Todo ello implica una importante reducción de plazos (de semanas a segundos) y de costes (postales y logísticos). Con este proyecto, Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad autónoma en volumen de intercambio registral, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. También en estos dos años se ha continuado con la incorporación de entidades locales a la Oficina de Registro Virtual (ORVE) y se ha duplicado el número de entidades locales que pueden beneficiarse del intercambio registral con otras Administraciones Públicas y reducir plazos y costes, lo que convierte a Castilla y León en la primera Comunidad en cuanto al número de entidades adheridas a esta Plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En cuanto a simplificación administrativa, durante 2016, se trabajó sobre diez procesos, se suprimieron 21 autorizaciones y licencias, hasta 14 trámites fueron eliminados y se redujeron los plazos en otros 14 procedimientos. A este respecto, cabe recordar que el pasado 4 de mayo se aprobó y se remitió a las Cortes el Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial que modifica aspectos puntuales de tres leyes: la del juego, la de espectáculos públicos y la de montes.
Agenda exterior, políticas migratorias y cooperación al desarrollo
En su intervención parlamentaria, el consejero de la Presidencia ha recordado que se comprometió a aprobar la II Agenda de Acción Exterior como instrumento de coordinación e integración de todas las acciones exteriores emprendidas desde la Administración de la Comunidad. La Agenda fue aprobada por la Junta en enero de 2017.
Las políticas de apoyo a los inmigrantes incluían la regulación de una Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León, que fue aprobada por decreto en junio de 2016 y ha permitido en este tiempo reconocer 26 centros integrales de inmigración, cinco centros de información y 21 centros de organizaciones sindicales. En el área de emigrantes en el exterior, el instrumento mejor valorado de los puestos en marcha son las ayudas al retorno: en 2016, se concedieron 83 ayudas, el 75 % para jóvenes, y este año, sin haber finalizado el plazo, se han recibido más de 100 solicitudes, el 80 % de jóvenes.
De Santiago-Juárez también ha explicado que, en diciembre de 2016, la Junta aprobó el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2016-2020, elaborado desde sus inicios en colaboración con todos los agentes, aprobado por consenso y alineado con la nueva Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, se están realizando viajes de seguimiento de los proyectos de cooperación para el desarrollo apoyados por la Junta de Castilla y León, concretamente en Perú y Guatemala.
