El pasado año 2017 no fue de los más graves en cuestión de daños detectados por las autoridades al patrimonio cultural de la provincia de León, al menos teniendo en cuenta el número de sanciones tramitadas por este tipo de hechos por parte del servicio territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en esta provincia.
En concreto, según datos oficiales facilitados por la Delegación Territorial de la administración autonómica, el número de expedientes incoados por sospecha de este tipo de daños al patrimonio leonés se elevó a un total de 12, aunque dos de ellos, especifican las mismas fuentes, quedaron en nada por considerarse sobreseídos, en gran medida por falta de evidencias de que se hubieran producido problemas para tales bienes, bien fueran monumentos, yacimientos arqueológicos o cualquier otro tipo de bien patrimonial.
De los diez que se mantuvieron vivos, aún a fecha de hoy -esta semana- permanecían siete pendientes de concluirse por parte de la Junta. De manera que sólo tres de estos daños terminaron en una sanción efectiva, siempre económica, para los responsables de causarlo. La suma de las multas que tendrán que pagar sus responsables se eleva a 1.300 euros. Pero cabe insistir nuevamente en que podría ser superior cuando se resuelvan definitivamente los siete expedientes incoados pero aún pendientes.
El problema es que el hermetismo oficial de la Junta en León impide conocer a la opinión pública datos tan básicos como los bienes patrimoniales dañados en esos tres casos ya definitivamente cerrados. Si fueron perjudicados o destruidos, de qué localidades estamos hablando o qué gravedad pormenorizada comportaron tales actos son, entre otros, datos que oficialmente la Junta de Castilla y León, a través de la delegación territorial, se ha negado a facilitar a iLeon.com, por lo que la estadística por sí misma poco aporta.
También la Junta se ha negado a identificar a los causantes de los deterioros localizados y sancionados, y ni siquiera en el caso de que alguno de ellos hubiera sido una administración pública y no un particular, es decir, que los daños fueran causados por ayuntamientos o juntas vecinales, porque las mismas fuentes explicaron que rige un "sistema de garantías" que protege la identidad de los sancionados.
