La Junta de Castilla y León optará por que la duración de la mayor parte de los conciertos sociales sea de un máximo de cuatro años, en concreto dos ejercicios que podrán ser prorrogados por otros tantos, hasta conocer su funcionamiento en la prestación de cada servicio. De momento, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apostará por ampliar el plazo hasta ocho años en la gestión de residencias de discapacidad y enfermedad mental al contar ya con experiencia y estar asegurada la prestación de los servicios.
El propio texto del decreto de febrero de 2022 que establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos de los Servicios Sociales recoge que, según la Ley 10/2010, la duración de los conciertos se efectuará sobre una base plurianual, con una duración máxima inicial de cuatro años, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y las necesarias estabilidad y continuidad en su provisión. Además, precisa que la duración total del concierto, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de ocho años.
El decreto deja claro que los servicios que “nunca” hayan sido objeto de concertación podrá establecerse un periodo de duración no superior al año a fin de determinar la idoneidad del régimen de concertación. La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León valora el concierto social por que garantiza una mayor sostenibilidad económica de las entidades. Es decir, cuanto más se prolongue el concierto, hasta ocho años, mayor es su estabilidad.
En la actualidad, las entidades del tercer sector prestan más de 5.000 servicios y ven en la concertación una fórmula para sustituir las tradicionales subvenciones, “más inestables y con más limitaciones”, por un modelo que aporta una mayor seguridad.
El mejor ejemplo de esta política es la concertación social para la gestión de unos centros de atención a personas con discapacidad por enfermedad mental. Salvo en las provincias de Ávila y Burgos, en el resto de territorios se ha hecho por el periodo máximo que permite el decreto, cuatro años prorrogable otros cuatro, ya que existía una experiencia previa y la Consejería tenía “asegurado” la prestación del servicio.
El jefe de Servicio de Gestión de Centros de la Gerencia regional de Servicios Sociales, Francisco Fermoso, aseguró en una jornada reciente que en el resto de conciertos sería por un periodo de dos años más dos, a la espera de ver su funcionamiento en la práctica.
A finales del año pasado, la Junta convocó los conciertos sociales para la prestación de diez servicios de asistencia especializada en centros específicos de tratamiento ambulatorio a personas con trastornos por consumo de drogas, uno por provincia, excepto en Valladolid, donde había dos, por valor de 2,2 millones. También se publicó un concierto de 206 plazas para la asistencia especializada en régimen residencial (tres millones de euros, de los que 1,1 millones son para la recuperación de personas adictas al alcohol). Además, se sacaron nueve servicios de referencia de prevención de las adicciones o servicios de prevención familiar indicada, cuando hay problemas de consumo, por 659.000 euros.
La convocatoria reiteraba que, con el objeto de garantizar la calidad de las acciones a concertar, las entidades que se presentarán al concierto debían contar con servicios preventivos y asistenciales “acreditados” por la Consejería de Familia y con “experiencia” en la prevención y tratamiento de las adicciones.
Fermoso significó, según recogió la Agencia Ical, que la Gerencia de Servicios Sociales tenía una idea “clara” de apostar por los conciertos. Algo que se demuestra con las otras tres convocatorias publicadas el mes pasado, y en plazo para la presentación de solicitudes, para concertar los programas de dinamización de actividades de envejecimiento activo y saludable en los centros de días de toda la Comunidad y en las residencias de personas mayores de Valladolid y Zamora así como el servicio de estancias diurnas en los centros de Valladolid. En los tres casos, se trataba de centros dependientes de la Junta.
El jefe de Servicio de Gestión de Centros reconoció que, en el ámbito de las personas mayores, era factible concertar los programas de atención en red, a gusto en mi casa y vivienda en red. También los de envejecimiento activo para prevenir la dependencia y en el marco del Club de los 60
El concierto social es un instrumento de gestión indirecta de los servicios sociales públicos, regido por los principios de publicidad, transparencia y no discriminación y eficiencia en la utilización de fondos públicos, dirigidos a la atención directa a las personas, cuya financiación corresponde a las administraciones de la Comunidad.
Por lo tanto, las administraciones públicas podrán suscribir conciertos sociales con personas físicas o jurídicas, ya sean con ánimo y sin ánimo de lucro, para la prestación de servicios sociales que son de su competencia y que sean susceptibles de una gestión indirecta.
Fermoso reconoció en una jornada organizada por la Plataforma Tercer Sector de Castilla y León, que tuvo lugar en la sede del CES, que la forma de concertación es “novedosa”. No en vano, precisó que la Junta había optado por una relación no contractual, por lo que se contempla el concierto como una posibilidad de prestación de servicios. Añadió que el decreto en la Comunidad permite concurrir, en la actualidad, a la concertación tanto las entidades con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro aunque no descartó que el texto pueda sufrir cambio ya que está en estudio “permanente”.
Servicios de mayor calidad
El funcionario explicó que el concierto es el instrumento jurídico con el que se pretende conseguir unos servicios de mayor calidad y no tener las limitaciones de la Ley de contratos que lo impide en muchas ocasiones. “En la prestación de servicios a las personas en ámbitos sensibles somo son la educación, la sanidad o los servicios sociales interesa, sobre todo, la calidad. Muchas veces en los contratos estamos sometidos a los criterios económicos, por lo que es más complicado primar la calidad y la experiencia”, precisó.
En este sentido, Francisco Fermoso subrayó que una de las “grandes ventajas” del concierto social es conseguir la “máxima” flexibilidad posible y no estar tan limitado en el tema de los precios, al ser posible su revisión. “Hemos hecho una especie de contratación pero sin tener los límites que impone la ley de contratos”, aseveró.
Por último, explicó a los más de 70 representantes de entidades del tercer sector de la Comunidad que, por cada acción concertada, la Junta aprueba unas bases y, luego, una convocatoria en su desarrollo. “Con el paso de las convocatorias, iremos replanteando todo lo hecho anteriormente por que ahora estamos en pañales. Nuestro objetivo es ir poco a poco mejorando y perfeccionando el sistema. No tenemos experiencia de gestión y tampoco se parecen los conciertos sociales vía anterior concierto y vía anterior contrato”, confesó.
Además, abogó por la puesta en marcha en un futuro de una plataforma para hacer toda la tramitación de los conciertos sociales, similar a la existente de contratación electrónica Duero.
