La Consejería de Educación plantea la creación de 114 puestos de plantilla jurídica para el próximo curso 2022-2023, de los que 30 corresponden a maestros y 84 a enseñanzas medias (Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial), además de la puesta en marcha de 17 unidades en el conjunto de los centros públicos de la Comunidad. Es la propuesta inicial que la Junta ha trasladado a los sindicatos y que ahora se debate en las mesas de negociación abierta en cada una de las nueve provincias. Un incremento de puestos que viene marcado por el acuerdo alcanzado entre Educación y la mayor parte de los sindicatos (Csif, SteCyL, CCOO y Anpe) sobre las bajadas de ratios de alumnos por profesor y la mejora de los horarios lectivos de los docentes.
La propuesta de modificación de las plantillas para el próximo curso, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, recoge 112 puestos de nueva creación, repartidas entre las 30 de maestros del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; las 55 de profesores de Educación Secundaria; las 25 de profesores técnicos de Formación Profesional (FP) y las dos de Régimen Especial. Además, se transforman dos plazas de maestros de instituto, que dan clase en los IES, como consecuencia del cambio provocado por la Logse y el salto de los alumnos de los colegios a los centros de Secundaria en lugar de a los 14 como ocurría antes al finalizar la etapa de EGB.
El proceso de negociación de las plantillas jurídicas de los centros, que tiene lugar los meses de enero y febrero, busca determinar las plazas existentes en los colegios e institutos para que los funcionarios de carrera de los diferentes cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan obtener esas plazas mediante el citado concurso de traslados. Es decir, a principios de cada año se realiza un análisis de la situación de cada centro y las necesidades de puestos docentes para el próximo curso escolar.
La modificación al alza o a la baja de las plantillas jurídicas de los centros no supone ni creación ni destrucción de empleo. Este proceso determina si mantener la plaza, crear aquellas que van a tener continuidad en el tiempo en los centros por la existencia de un número suficiente de alumnos o eliminarlas, si ya no se han matriculado estudiantes desde hace dos o más cursos en las unidades que se suprimen. Por lo tanto, una cosa es la plaza jurídica que se crea y otra la funcional, que es la realidad de la que se ocupa en cada centro.
Con esta propuesta de modificación de plantillas, la provincia más beneficiada sería Burgos, donde se prevé la creación de cuatro unidades o clases, seguida de las tres de Valladolid. El resto de territorios tendría dos unidad más, salvo en los casos de Salamanca y Soria donde se contempla una. Zamora sería la única provincia sin nuevas unidades.
En cuanto al reparto de las 114 nuevos puestos para el próximo curso, Valladolid encabeza el listado con 25, junto a Burgos y Salamanca, con 17 (al incluir, en cada caso, una de transformación de los maestros de institutos). Les seguirían León, con 16. El resto de provincias tendrían ocho puestos nuevos, salvo en Palencia donde serían siete. En el caso de Palencia, tras la negociación de la Consejería con los sindicatos, el número podría aumentar en seis, tras sumar dos plazas en Primaria y cuatro en la ESO.
La propuesta de la Junta con la creación de nuevas plazas de docentes contrasta con la supresión de puestos en los últimos cursos, aunque en el pasado hubo un cambio de tendencia por la situación de pandemia del COVID. Los criterios de la administración educativa para la supresión de puestos eran, principalmente, porque la unidad “no funciona”, ya sea por la “insuficiencia horaria”, la amortización por superar el número de la plantilla funcional o por que no se cubrió en el concurso de traslados. En definitiva, por la falta de alumnos en los centros, básicamente en los pueblos, que es donde, cada año, se pierden unidades.
Una justificación que está detrás del dato de que de los 114 nuevos puestos, solo 30 corresponden a Primaria, que está marcado por la baja natalidad y el menor número de niños en los colegios. La aplicación de la nueva ley educativa LomLOE también influir en la supresión de algunas plazas de determinadas especialidades que, previsiblemente, perderán peso en el currículo como es el caso de asignaturas como Economía.
El secretario de Negociación del sector de Educación de Csif, Mariano González, aseguró a Ical que el incremento de puestos para el próximo curso está marcado por el acuerdo alcanzado con la Junta para comenzar, a partir del próximo curso, la bajada de la ratio máxima en todas las etapas educativas, iniciándose progresivamente en los primeros cursos de cada etapa. Así, en Infantil y Primaria pasarán de 25 alumnos por grupo a 22; en Educación Secundaria Obligatoria, de 30 a 27 y en Bachillerato de 35 a 32.
El acuerdo, firmado por todos los sindicatos salvo UGT, también recoge la reducción del horario lectivo del profesorado, por lo que en el cuerpo de maestros baja una hora lectiva para el curso 2022-2023 y en Secundaria y otros cuerpos se asegura pasar, de forma mayoritaria, a una jornada lectiva de 18 o 19 períodos lectivos, implantándola progresivamente en los dos próximos cursos académicos.
Por último, la dotación del profesorado por unidad escolar aumentará en todas las enseñanzas, también en los especialistas para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: maestros de las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Compensatoria.
En todo caso, el representante sindical de la fuerza con más peso en la Mesa Sectorial de Educación precisó que el deseo de Csif es que la plantilla jurídica se acerque a la funcional, que es la que realmente está en los centros.
