La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que ha incluido sus alegaciones al anteproyecto de ley presentado el pasado 25 de octubre en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Esta nueva ley, que en principio pretende incentivar la contratación y establecer medidas de impulso y mantenimiento de un empleo estable y de calidad, a criterio de la Junta de Castilla y León no solo no incentiva la contratación, sino que, además, vulnera la distribución competencial que la Constitución establece para las comunidades autónomas, poniendo en serias dificultades la ejecución de políticas activas de empleo que no son de su competencia.
En términos de contratación, desde la Consejería se considera que no es aceptable que la calidad del empleo se base exclusivamente en la duración de la relación laboral. La reforma laboral ha precarizado el empleo fijo y la nueva ley reguladora de los incentivos a la contratación no hace más que condenar la contratación temporal, incluso en los casos en que es absolutamente necesaria.
En dicho escrito, se han planteado observaciones sobre los criterios de bonificación que afectan, principalmente, al sector de la Economía Social. La extinción de las bonificaciones a los contratos temporales, admitiéndose únicamente las relativas a contrataciones indefinidas iniciales, y las transformaciones de contrataciones temporales en indefinidas únicamente en casos muy puntuales van a suponer la reducción drástica de las contrataciones de personas con discapacidad, especialmente las de mayor grado, y el cierre de muchos centros especiales de empleo, como han manifestado las organizaciones representativas de este sector.
Del mismo modo, la derogación del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), da el mismo tratamiento a todas las empresas o entidades, eliminando su tratamiento diferenciado que les permite bonificarse al 100 % de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de sus empleados con discapacidad.
La Consejería muestra también su disconformidad ante la discriminación que sufren las víctimas de violencia doméstica o las escasas bonificaciones vinculadas al apoyo de la natalidad o la conciliación.
