El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha comparecido esta mañana en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para exponer las líneas de trabajo que su departamento desarrollará en esta legislatura. Las principales aspiraciones de la consejería se dirigen hacia tres grandes objetivos: la regeneración política e institucional, una especial atención a la transparencia y al desarrollo sostenible como motores del progreso para esta nueva etapa legislativa, y con ello un impulso firme a los compromisos con la Agenda 2030 como vía para transitar a modelos de desarrollo más incluyentes y sostenibles; la decidida apuesta por la función pública en una legislatura llamada a ser la de la estabilización y la consolidación del empleo público; y una especial atención a las entidades locales de Castilla y León, con medidas de apoyo estables que garanticen el progreso del territorio.
Regeneración política e institucional y transparencia
El consejero ha declarado que existen cuatro prioridades en esta materia: 1, la supresión de la figura del aforado tanto de los miembros de la Junta de Castilla y León como de los procuradores de las Cortes; 2, ampliar la limitación de mandatos para todos los altos cargos de esta administración; 3, la reforma del Código Ético y de Austeridad; 4, alcanzar mayor publicidad y transparencia en el reparto económico destinado a los medios de comunicación. En el desarrollo de estas prioridades, Ibáñez ha puesto de relieve los compromisos en materia de regeneración política e institucional ligándolos a los acuerdos de gobierno alcanzados al inicio de la legislatura, como es el caso en el aspecto de la supresión de los aforamientos, que se manifestará con la reforma del estatuto de autonomía y que está amparado por un amplio consenso tanto político como de la sociedad civil.
Antes de que finalice este año, el consejero ha comprometido que, desde la Junta de Castilla y León, se presentará un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León así como una modificación del Código ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos. Este proyecto pretende ampliar la limitación de mandatos para todos los altos cargos de esta Administración. En este sentido, Ibáñez ha instado a las Cortes, a sumarse a esta visión, ya que según el consejero no debe limitarse a la Junta de Castilla y León, proponiendo un impulso a la transparencia en la vida política y el control de los altos cargos en la cámara autonómica.
En lo que se refiere a la política de comunicación de la Junta de Castilla y León, su Dirección está adscrita orgánica y presupuestariamente a la Consejería de la Presidencia, y el consejero anunció que de forma inmediata se comenzará a trabajar en un nuevo sistema de reparto de los planes de medios y publicidad institucional y en el futuro concurso público que lo regirá, siempre respetando lo dispuesto en la Ley 4/2009 de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León. En este cometido, y en línea con la transparencia que ha comprometido la consejería en todas sus áreas de actuación, Ibáñez anunció que ya es accesible y público a través del Portal de Transparencia el reparto económico destinado a medios tal y como viene fijado en el Acuerdo de Gobierno para Castilla y León, práctica que se repetirá cada anualidad.
Empleo Público
Ángel Ibáñez ha mostrado el firme propósito de continuar con la mejora del empleo público de la Comunidad, poniendo en valor a los profesionales de la Junta de Castilla y León. La Consejería va a apostar por la estabilización y por el continuo avance en los derechos de los trabajadores como respuesta al importante trabajo que desempeñan en beneficio del interés público. En su intervención ha querido poner de manifiesto que el diálogo con las organizaciones sindicales y la búsqueda de consenso serán fundamentales para avanzar en este objetivo común.
La Consejería ya ha dado un paso al frente comprometiendo la reducción del porcentaje de temporalidad y a este respecto ha mostrado su intención de reducir considerablemente dicho porcentaje para lo que agotará las tasas de reposición. Ibáñez ha indicado que en la oferta de empleo público de 2018 ya se han incluido plazas de estabilización. Y para lo que resta del año, el consejero ha declarado que en 2019 se culminará la ejecución de los procesos selectivos pendientes que corresponden a las ofertas de los años 2017 y 2018 y que se harán de manera conjunta y convocando todas las plazas correspondientes a estabilización.
En lo que respecta a la jornada de las 35 horas, el consejero de la Presidencia se ha comprometido a tratar de cumplir con la reivindicación de los trabajadores públicos de la Comunidad, para lo cual ha indicando que se encuentran trabajando en las modificaciones normativas que lo permitan, previo análisis del impacto económico que pueda suponer.
La función pública en esta legislatura, necesita un impulso fundamental según ha destacado el consejero, y debe ser el momento de su estabilización y consolidación, y para ello ha puesto sobre la mesa objetivos tales como: la revisión del Catálogo de Puestos Tipo o el desarrollo de la evaluación del Desempeño y la Implantación de la Carrera Profesional, para lo que ha anunciado que la Consejería está trabajando en la implantación del sistema y en generar la infraestructura de trabajo y análisis para poder desarrollarlo reglamentariamente a partir del próximo mes de octubre.
Entre los anuncios del titular de la Presidencia, está el de iniciar antes de finalizar el año el proceso para el reconocimiento del Grado 1 de la carrera profesional, que conllevará la creación de un servicio específico encargado de su implantación. Impulsar el desarrollo normativo del Estatuto Básico del empleado Público, y el anuncio del impulso al nuevo Plan de Igualdad para prevenir y corregir las desigualdades entre los trabajadores, han sido otros de los objetivos fijados por el consejero en materia de la función pública para la legislatura.
Administración local
El consejero ha hecho una defensa de las corporaciones locales como figura esencial en la prestación de servicios básicos para la vida de las personas en Castilla y León. El compromiso de la Consejería con el mundo local, y especialmente con el mundo rural, se verá reforzado en esta legislatura, y para ello se dará un fuerte impulso a la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, con la misión de constituir un nuevo marco estable de cooperación política e interadministrativa y aprovechar sinergias que beneficien al conjunto de la Comunidad. Ibáñez anunció que en las próximas semanas el Presidente de la Junta de Castilla y León tiene previsto convocar este órgano para proceder al primer encuentro de la legislatura. La previsión es que el foro esté operativo en el primer semestre del año 2020, por lo que la consejería dotará a la Conferencia de un Reglamento de organización y funcionamiento interno que facilite su actividad.
En la línea de trabajo fijada por la Consejería en materia de administración local y respecto a la Cooperación Económica Local, General y Sectorial, de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales, que integran el Plan de Cooperación Local, y a la financiación local, el consejero anunció que se introducirán paulatinamente medidas de coordinación que permitan rentabilizar al máximo todos los fondos destinados a transferencias, ayudas y subvenciones para las entidades locales.
La Consejería seguirá apoyando a las entidades locales en su petición de mejora de la financiación local del Estado y en la mejora de la financiación a través de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma (PICAS). En ambos sentidos, Ibáñez hizo hincapié en la necesaria mejora de la financiación autonómica por parte del Gobierno de la Nación, una insistencia que no dejará de lado el consejero de la Presidencia en su apuesta decidida por avanzar en las condiciones de la prestación de los servicios públicos en Castilla y León. Ibáñez, además, se comprometió a destinar a las corporaciones locales en el periodo 2019-2023, al menos, 250 millones de euros de fondos por la participación de las Entidades Locales en los impuestos propios de la Comunidad, mejorando especialmente la financiación de los municipios de menor tamaño.
Durante la comparecencia, puso de manifiesto varios asuntos que formarán parte, de manera prioritaria, de los objetivos de la cartera de administración local a lo largo de la legislatura: el impulso al Plan de Convergencia Interior, para trabajar en la eliminación de los desequilibrios demográficos y económicos entre provincias de la región; la elaboración de un Proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla y León que modernice el régimen jurídico y funcionamiento de las corporaciones locales; el continuo apoyo a las entidades locales voluntarias de base asociativa y el impulso a la colaboración continua con la Federación Regional de Municipios y Provincias, entre otras medidas.
Relaciones Institucionales
Desde la lealtad institucional que siempre ha caracterizado a Castilla y León, la Consejería de la Presidencia seguirá impulsando la colaboración con el Gobierno de España, para trabajar por los intereses de los castellanos y leoneses. En este sentido, Ibáñez ha destacado la importancia de mantener un diálogo continuo y fluido con las comunidades limítrofes, para seguir completando y actualizando los protocolos generales de colaboración ya existentes y ampliando su contenido.
El consejero ha anunciado que durante esta legislatura también se trabajará para completar el listado de Protocolos Generales de colaboración con las comunidades vecinas intentando culminar el único que falta, el de Cantabria, para lo cual ya ha iniciado contactos con el Gobierno de Cantabria. Ibáñez ha desvelado que próximamente se reunirá con su Consejera de la Presidencia, Paula Fernández, para poder avanzar en un protocolo general que será de gran utilidad a los ciudadanos del norte de las provincias de Burgos y Palencia.
El consejero ha puesto de manifiesto durante la comparecencia, que la colaboración entre las distintas comunidades será primordial en los próximos años, un compromiso compartido con España como nación común y la convicción de que la razón de ser del modelo autonómico es, sobre todo, servir a las personas, y en definitiva, servir a los intereses generales de la sociedad. En el compromiso adquirido de la Consejería con la transparencia y el gobierno abierto, Ángel Ibáñez anunció que se trabajará en la mejora del registro electrónico de convenios que tiene suscritos la Administración de Castilla y León con otras administraciones, para lo que se actualizará el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se promoverá su interconexión con la plataforma de rendición de cuentas del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Por tanto, manifestó que serán tres las premisas que van a regir la política general que guiará el Registro General de Convenios: Gobierno abierto, una mayor transparencia y posibilitar una mayor participación.
Otras medidas de la Consejería de la Presidencia
Víctimas del Terrorismo
El consejero hizo especial hincapié en la importancia que durante la legislatura se va a prestar a consolidar la acción pública en pro del bienestar de las Victimas en la Comunidad de Castilla y León. Ángel Ibáñez anunció que, con motivo del 27 de junio declarado por el Congreso de los Diputados "Día de las Víctimas del Terrorismo", la Consejería tiene la intención de institucionalizar anualmente un acto de reconocimiento a las víctimas. En esta línea, la Consejería trabajará para incluir en el currículo educativo, la formación en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores democráticos como instrumento para combatir el terrorismo.
Agenda 2030
La Consejería de la Presidencia, en consonancia con el carácter reformista del Gobierno, apostará por una gestión pública alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015. Una agenda que, en palabras del consejero, pretende sentar las bases para transitar a modelos de desarrollo incluyentes y sostenibles, con el objetivo de alcanzar un modelo más equitativo que contribuya a reducir las desigualdades a través de un desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. La agenda, con carácter universal, tendrá en Castilla y León un desarrollo territorializado. La Consejería de la Presidencia va a colaborar estrechamente con todas las Entidades Locales para diseñar políticas adaptadas a cada territorio para potenciar sus oportunidades y hacer frente a sus carencias, establecer objetivos, metas y determinar los medios de implementación, usando indicadores para medir y monitorear el progreso hecho. Con esta finalidad, indicó el consejero, se va a seguir desarrollando la misma a través de cuatro ejes: Gobernanza, Coherencia de Políticas, Formación y Difusión y sensibilización.
Ley de Juego de Castilla y León
La Consejería de la Presidencia, en su competencia en materia de Juego, elaborará y remitirá a las Cortes un renovado proyecto de Ley de Juego de Castilla y León, de acuerdo con los cambios tecnológicos y sociales de los últimos años. Este nuevo marco regulatorio aportará una mayor seguridad jurídica a las empresas que actúan en el sector y, sobre todo, a consumidores y usuarios. La regulación estará guiada por principios que eviten efectos no deseados socialmente, con especial atención y protección hacia aquellas personas que puedan resultar más vulnerables. Y todo ello dentro de su marco competencial, del que queda fuera las apuestas online por ser de competencia estatal.
Servicios Jurídicos
El consejero desgranó las competencias que la Dirección de Servicios Jurídicos tiene en la Junta de Castilla y León. En este sentido, Ibáñez, además de poner en valor la importante tarea de los profesionales, destacó la importancia de la adaptación constante de estos a los cambios normativos, y la exigencia de mayor eficacia y rapidez en el desarrollo de sus funciones, para lo que la Consejería impulsará en la primera mitad de esta legislatura el reglamento que desarrolle y pormenorice las previsiones de la Ley Autonómica 6/2003 reguladora de la asistencia jurídica a la Comunidad de Castilla y León. Buscando la continua formación de los letrados, el consejero anunció que se potenciará la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General del Estado, en la realización de los cursos que permitan garantizar la máxima profesionalización del personal, y el impulso de medidas de colaboración público-privadas para que Castilla y León se convierta en una referencia estatal de los nuevos enfoques doctrinales y jurisprudenciales.
