El decreto tiene por objeto establecer un procedimiento para facultar a los organismos de control a colaborar con la Administración de Castilla y León en la realización de inspecciones ambientales dentro de su territorio. Esto se lleva a cabo mediante su incorporación en un registro público, y se les dará la denominación de Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA).
A fin de mantener un elevado nivel de protección ambiental, este decreto contempla tres modalidades de inspección: las desarrolladas directamente por la Administración, las encargadas por la Administración a OCAA, y las que las personas titulares de actividades e instalaciones encargan y financian a estos organismos, previamente facultados por la Administración autonómica e incorporados en el registro que se crea a tal efecto. Además, se regula la planificación de la inspección ambiental.
El decreto será de aplicación en el ámbito de Castilla y León a las siguientes actividades e instalaciones:
- Las incluidas en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, concretamente en el Anexo I (Proyectos de obras, instalaciones o actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada) y el Anexo II (Actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental)
- Las incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera definido por la Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
- Las relacionadas con los residuos y suelos contaminados, reguladas en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
- Las sometidas a evaluación de impacto ambiental de proyectos en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental
