La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León señaló que la nueva normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el personal de servicio en el hogar conlleva el “riesgo de una mayor precariedad o trabajo en B”, lo que podría provocar un “preocupante aumento de la economía sumergida para este sector”, que se uniría a la ”difícil aplicación entre las familias" de Castilla y León.
Así se mostró el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, quien participó junto a otros representantes del resto de comunidades autónomas en un pleno extraordinario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Allí, Castilla y León ha propuesto que se apueste por la vía de la “sensibilización e información al empleador” en materia de protección laboral, además de plantear la posibilidad de estudiar más facilidades para la contratación y la realización de las gestiones administrativas.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se explicó el proyecto de Decreto para desarrollar la disposición adicional decimoctava de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, la cual incorpora las siguientes obligaciones para el empleador, familias en muchos casos, que contrate personal de servicio en el hogar. Es decir, evaluaciones de riesgos del puesto de trabajo del empleado, formación en prevención de riesgos laborales en el momento de la contratación, proporcionar información relativa a los riesgos laborales del entorno laboral (el hogar) y garantizar que se pase por un reconocimiento médico.
Además de otras obligaciones, esta nueva normativa supone un “incremento de los costes salariales y pagos” a la Seguridad Social que, tal y como ha expresado De la Parte, “equiparan a una familia con un empresario”. Trasladó que existía ya la obligación de que el titular del hogar familiar velase por la seguridad e higiene en el trabajo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero con el nuevo proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, “aumentan las obligaciones”.
Desde 2018, los datos de afiliación del colectivo de empleados del hogar familiar presentan un “descenso continuado”, con una caída de 13 puntos porcentuales desde ese mismo año hasta hoy. Una circunstancia que, tal y como ha manifestado el representante de la Consejería de Castilla y León ante el resto de comunidades y los representantes del Ministerio, se explica “por los nuevos deberes de los empleadores, quienes suelen ser familias donde ambas personas trabajan o mayores de 65 años. Todos ellos sobrepasados por nuevas exigencias difíciles de gestionar”.
