La Diputación de León no tendrá que pagar las facturas pendientes que quedaron pendientes de pago tras el estallido de la llamada operación 'Púnica' en octubre de 2014 y por las que la empresa Madiva Editorial, vinculada del 'conseguidor' Alejando de Pedro, había interpuesto una denuncia contra la institución provincial.
Tal y como ya adelantó este periódico Madiva Editorial pleitaba contra la Diputación de León por dos facturas impagadas que sumaban 7.260 euros, en un juicio celebrado a mediados de mes en León y en el que se presentó, de forma sorpresiva el propio Alejandro de Pedro, considerado uno de los cabecillas de la trama e implicaod en la pieza leonesa del caso. Según la sentencia a la que ha tenido acceso ileon.com la Diputación no tendrá que pagar nada ya que el juez ha rechazado la demanda, al valorar que ha sido planteada sin demostrar la existencia de un contrato que de validez a los pagos.
El juicio ha tenido profundidad por dos asuntos principalmente: primero porque en la defensa de la Diputación de León el abogado de la institución provincial, Alejandro García Moratilla, reconoció por primera vez que no se pagaron las facturas "porque nadie quería ir a la cárcel" y que éstas, al carecer de ningún vínculo contractual, podían considerarse ilegales. El segundo aspecto era que la empresa demandante, que sí ha ganado en Madrid algún caso similar, podría usar esta sentencia como parte de sus argumentos de la legalidad de las operaciones que se van a enjuiciar por la Audiencia Nacional en la 'Púnica' leonesa, en la que están imputados el expresidente Marcos Martínez, el exasesor Pedro Vicente Sánchez y el exintervendor Jesús 'Suso' López.
El juez rechazó, no obstante, la primera pretensión del abogado de la institución provincial, como era que rechazara la demanda por prejudicialidad penal, por estar imputados por facturas como ésta en la 'Púnica'. El principal argumento recogido por el juez, en la sentencia, es que en la reclamación de las facturas "nada hay en el expediente que permita justificar que existe contrato, y siendo la contratación administrativa de carácter rigusoramente formal, el incumplimiento de tales requisitos, en especial, la certificación previa de la existencia de crédito adecuado y suficiente constituye un supuesto de nulidad absoluta".
Abunda el juez en que "ya no se ha probado la formalización de vínculo contractual alguno, no existe obligación que derive de un contrato válido", rechazando además las 'pruebas' presentadas por Madiva de capturas de web para demostrar las inserciones publicitarias que habrían justificado las facturas impagadas.
La Diputación de León abonó desde mediados de 2012 hasta octubre de 2014 algo más de 105.000 euros por los servicios prestados por Madiva, que el juez Velasco de la Audiencia Nacional considera irregulares por ser dinero público usado para mejorar la imagen de la fallecida Isabel Carrasco y posteriormente de su sucesor Marcos Martínez Barazón, actual alcalde de Cuadros.
