El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigirá por carta a casi todos los ministros y ministras del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, al menos el “mismo interés” con el que atiende las demandas de los partidos “separatistas” para los proyectos “largamente” reclamados desde la Comunidad y que son “necesarios” y “realizables” por afectar a las infraestructuras, entre ellas el soterramiento de las vías del tren, pero también a los servicios públicos o la financiación autonómica.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de la decisión de Fernández Mañueco de dirigirse por carta a los nuevos miembros del Ejecutivo central, entre ellos tres procedentes de la Comunidad, que tienen una “relación directa” con asuntos pendientes de Castilla y León.
Asimismo, el portavoz de la Junta restó importancia al origen territorial de los 22 ministros del Gobierno de España a la hora de impulsar iniciativas, después de que formen parte del mismo los vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo, al frente de Transportes y Movilidad Sostenible e Igualdad, así como la leonesa Margarita Robles, en Defensa. A su juicio, tendrá “más peso” lo que se decida en Waterloo que lo que acuerde el Consejo de Ministros, ya que señaló que es una “pena” que en democracia quien “mande” sea un “fugado” de la justicia, perseguido por “terrorismo” y “corrupción”, en referencia al expresidente Carles Puigdemont, y que lo verifique una persona desconocida del ámbito internacional.
Desde un “espíritu constructivo", el objetivo de estas misivas es “fomentar" la “colaboración” y sacar adelante iniciativas ya planteadas, por lo que descartó que se incluyan “grandes sorpresas”. De esta forma, se recogerán de forma “exhaustiva” los proyectos que se demandan por ser asuntos de interés común y primar el “interés general” ya que beneficiarán al conjunto de ciudadanos, también al ámbito nacional. “Lo que es bueno para Castilla y León, también es bueno para España”, como a la inversa, dijo el consejero portavoz.
En concreto, Mañueco recogerá en sus cartas las infraestructuras que se reivindican desde Castilla y León, como los soterramientos del ferrocarril en León, Palencia y Valladolid, según precisó Fernández Carriedo, quien avanzó que son proyectos demandados por los ayuntamientos, que respalda la Junta en la parte que le corresponda a la espera de la decisión del Gobierno de España. En tono irónico, el portavoz indicó que si esto lo hubieran pedido desde Waterloo o Suiza estarían ya más encauzados.
También, citó la reclamación de la prueba de acceso a la universidad para que haya en España una “Ebau única”, así como la ampliación de la oferta de formación especializada de profesionales sanitarios, con el objetivo de incrementar las plazas MIR (Médico Interno Residente), pero también para que no deje fuera a graduados, sino que establezca una prelación en cuanto a los destinos, o se agilice la convalidación de títulos de sanitarios extracomunitarios.
Otro de los capítulos en los que se detuvo Fernández Carriedo fue la financiación autonómica y la posible condonación de deuda a las comunidades. El consejero portavoz señaló que la Comunidad ha enviado cartas “en un par de veces” a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a Gobierno y comunidades, así como que se asegure una financiación de los servicios públicos.
Al respeto, Fernández Carriedo, titular de Economía y Hacienda, rechazó que la Comunidad acepte como “prioridad” la fijada por otra autonomía, en referencia a Cataluña, tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya. De hecho, señaló que Castilla y León no tiene un problema “acuciante” de deuda, sino una “infrafinanciación” de sus servicios porque son “más caros” por la dispersión poblacional, el envejecimiento y la extensión territorial de la Comunidad.
Finalmente, indicó que exigirán “igualdad de trato” porque señaló que tanto los inspectores de hacienda, como otras asociaciones, denuncia que haya “desigualdades” entre territorios y que vaya a haber ciudadanos de “primera y de segunda”.
