Los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil y el levantamiento de gran parte del secreto de sumario del Caso Púnica no dejan de dar sobresaltos. Uno de los últimos salpica al actual presidente del Gobierno autonómico de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, a causa de que estuvo en un tris de seguir el modelo del PP plenamente implantado en León por la presidenta Isabel Carrasco primero y su sucesor Marcos Martínez Barazón: pagar dinero público en beneficio de su imagen personal.
En este nuevo caso murciano, el entonces consejero de Educación, en el momento de caer la trama en octubre de 2004 se encontraba negociando con el conseguidor de la trama corrupta, Alejandro de Pedro Llorca ?el mismo que en la Diputación León, para que su empresa EICO, la misma también que en León, junto a Madiva- recibiera siete pagos de 4.600 euros más IVA, a cambio de una campaña favorable a él en redes sociales y medios digitales. En total, 32.200 euros de dinero público, en concreto dinero destinado a formación.
Cabe recordar que en el caso de la Diputación de León, entre Carrasco y Martínez Barazón se destinaron 106.000 euros, una parte también procedentes del consorcio provincial de basuras Gersul, a EICO y Madiva con idénticos fines desde 2012 hasta incluso después de que la Audiencia Nacional desmantelara la red y encarcelara a sus cabecillas e implicados, entre ellos el propio sucesor de la presidenta, que entonces era presidente de la Diputación, presidente en funciones del PP y del que fue fulminantemente expulsado. Martínez Barazón continúa a día de hoy imputado y libre a cambio de 30.000 euros de fianza.
La investigación de la Guardia Civil en Murcia también apunta sus sospechas hacia la actual senadora del PP y ex alcaldesa de Cartajena, Pilar Barreiro, quien desde el Ayuntamiento contrató vía publicidad a la trama corrupta 3.200 euros más IVA.
La mayor cuantía del país y antes que nadie
De este modo, a cada paso que avanzan las nuevas investigaciones se demuestra que León fue la punta de lanza del negocio presuntamente delictivo de la trama, porque ocurrió antes y en una cuantía jamás superada en otras instituciones de España. Ni siquiera en Madrid, donde el otro vértice de Púnica operaba con el ex dirigente popular Francisco Granados como cabecilla.
El 'modus operandi' salpicó también, por ejemplo, a Lucía Figar, la consejera del Gobierno de Madrid presidida por Esperanza Aguirre y que siempre sonó con fuerza para su relevo. En su caso, los pagos ascendieron a 80.000 euros en al menos tres facturas, igualmente para que como en León la red de diarios zombies repartida por toda España por De Pedro a través de EICO y la sociedad Madiva, posicionara en Google sus noticias en positivo para contrarrestar críticas y noticias negativas.
Pero en las últimas horas, con el levantamiento del secreto de sumario de la Púnica que tramita desde la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco, la propia Esperanza Aguirre podría verse salpicada. Según eldiario.es, también pudo haber pagos a Alejandro de Pedro a cambio de 'limpiar' la reputación de la presidenta del Gobierno madrileño. En concreto, tras un conocido incidente en el que una madre le lanzó una tartera en la inauguración del curso escolar de 2012.
De actuar el juez contra ella, se sumaría a la creciente lista de políticos de autonomías, numerosos ayuntamientos del entorno de Madrid, tanto del PP como del PSOE, y la Diputación de León, que se han visto salpicados o imputados por varios delitos penales relacionados con la corrupción. En León, además de Martínez Barazón, continúa imputado el ex interventor, Jesús 'Suso' López.
