El anuncio hecho público por Moody?s se produce tras la actualización del ?rating? del Reino de España el pasado 13 de abril y se suma a las decisiones que en el mismo sentido han adoptado anteriormente otras agencias de evaluación.
De esta forma, Castilla y León continúa manteniendo idéntica nota financiera que España, junto a las comunidades de Galicia y Madrid. Únicamente la comunidad foral de País Vasco se sitúa un nivel por encima (A3), mientras que uno por debajo están Andalucía y Extremadura (Baa2) y, en bono basura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.
La calificación asignada ahora a Castilla y León es la más alta desde junio de 2012 y da continuidad a la mejora iniciada en febrero de 2014. Entonces, la entidad decidió aumentar un escalón el ?rating? autonómico, lo que marcó un cambio de tendencia tras las sucesivas bajadas de la nota financiera sufridas en los peores años de la recesión económica.
La revisión al alza comunicada hoy obedece a diversos factores, que la propia agencia ya recogía en su informe del pasado mes de febrero. Moody?s considera que Castilla y León ha acreditado mejor comportamiento que otras comunidades españolas durante la crisis. De hecho, valora el esfuerzo realizado por la Junta para corregir el déficit público, que se sitúa en niveles moderados en comparación con otros territorios.
En segundo lugar, la entidad constata que el volumen de endeudamiento se encuentra en niveles razonables, pese a los aumentos registrados en los últimos años, y augura que la Comunidad mejorará este indicador en los dos próximos años. No obstante, añade que esta tendencia al alza de la deuda es común al resto de autonomías y coherente con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno.
Conviene recordar en este punto que los últimos datos publicados por el Banco de España, correspondientes al cierre del 2017, colocan a Castilla y León entre las ocho autonomías más saneadas, con una ratio de deuda en términos de PIB del 20,8 %, inferior en 4 puntos porcentuales a la media autonómica.
Alta capacidad de acceso a los mercados en condiciones favorables
Por último, Moody?s destaca la alta capacidad que ha demostrado la Junta para acceder a los mercados financieros y obtener financiación en condiciones favorables. Así, en los últimos años la Comunidad ha satisfecho sus necesidades de endeudamiento combinando la captación de recursos en el mercado de capitales y los obtenidos a través de la adhesión al compartimento de Facilidad Financiera creado por el Gobierno.
En concreto, el pasado 2017, Castilla y León obtuvo el 60 % de la deuda aprobada para ese año a través de sus proveedores financieros habituales ?mediante la emisión de bonos y préstamos bilaterales?, y en 2016 cubrió de esta forma la totalidad de sus necesidades de endeudamiento.
La positiva evaluación del perfil crediticio de la Comunidad es coincidente con el análisis que realiza Moody?s para el conjunto de España, donde advierte el fortalecimiento de la solvencia del Estado y el fuerte apoyo financiero prestado por la Administración central a las autonomías, a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.
A estos elementos hay que añadir la mejora significativa, en términos agregados, de la consolidación fiscal de las comunidades, así como la reducción del peso del total de la deuda regional con respecto a los ingresos corrientes. Moody´s considera, igualmente, que estas tendencias favorables continuarán en los próximos años.
Nota al alza con perspectiva estable
Finalmente, y en consonancia con lo anterior, la agencia internacional de calificación también ha atribuido a la nota Baa1 asignada a Castilla y León la perspectiva de estable, lo que refleja la opinión de la agencia de que la Comunidad continuará mejorando sus principales indicadores en el futuro.
En este sentido, Moody?s precisa que un incremento del ?rating? de España podría dar lugar a una nueva subida de la calificación mientras que, al contrario, un empeoramiento en la valoración de la deuda española, un debilitamiento del apoyo a las comunidades autónomas por parte de la Administración central o un desvío en la corrección de los desequilibrios fiscales podrían conllevar una rebaja de la misma.
