Todas las intervenciones que financia la Junta de Castilla y León en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo tienen en cuenta las necesidades y reivindicaciones de la mujer. Por ello, es necesario analizar la situación previa de los contextos en los que se materializan los proyectos. La finalidad es controlar que las actuaciones que se llevan a cabo promuevan siempre una transformación que garantice la igualdad de la mujer en cada uno de los escenarios, que son muy diferentes entre sí y que, por tanto, requieren de diferentes estrategias de acercamiento.
Algunas de las acciones financiadas tienen, directamente, como grupo beneficiario las mujeres. Pero todos los proyectos, aunque aparentemente puedan estar poco relacionados con el apoyo directo a las mujeres, promueven importantes cambios en su situación en los diferentes países. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha afirmado que “este es, precisamente, el resultado de la cuidadosa planificación que esta Consejería realiza para establecer criterios, para financiar y para realizar el seguimiento de cada una de las acciones, que han de tener en cuenta a toda la sociedad en general, y a los colectivos más oprimidos y desfavorecidos en particular”.
La mujer y el acceso al agua
Son muchos los ámbitos en los que los proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León se centran a nivel internacional, y todos están enfocados a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en las comunidades en las que se desarrollan: a la seguridad, a la educación, a la circulación, a la propiedad privada, a la participación en la vida pública, etcétera. Siendo la igualdad entre seres humanos el objeto del primero de estos Derechos Humanos, las políticas de mujer constituyen una prioridad en cualquiera de las actuaciones.
Por ejemplo, a priori podría parecer que los proyectos de Cooperación al Desarrollo relacionados con el derecho al acceso al agua y con el saneamiento poco tienen que ver con la promoción de la igualdad. Sin embargo, la Consejería de la Presidencia plantea, como condición para su financiación, que los llamados ‘comités de agua’ estén formados mayoritariamente por mujeres. Estos comités son los entes comunitarios encargados de la gestión del servicio, del control de la potabilidad del agua y, en muchos casos, de la educación al resto de la comunidad en hábitos higiénicos.
El consejero de la Presidencia indica que “con estos proyectos se consigue, además de resultados positivos en un ámbito importante como el acceso al agua potable y a una red de saneamiento adecuada, un cambio estructural en los roles sociales y en las posibilidades de participación de las mujeres en la vida pública. En este caso, se les dota de capacidad de gestión y de decisión, impulsando al mismo tiempo sus herramientas de liderazgo e incentivando su protagonismo en la mejora de los servicios comunitarios”.
En 2023, por ejemplo, se ha iniciado el desarrollo de un proyecto de promoción del Derecho Humano al agua y al saneamiento en el municipio de Mizque, en Bolivia. Este proyecto, financiado por la Consejería de la Presidencia con más de 145.000 euros, cuenta con las mujeres en la creación de comisiones de saneamiento, así como en la elaboración de materiales educativos, de campañas y de talleres de sensibilización, que también incluyen una parte de educación en higiene menstrual.
Otro proyecto iniciado en 2023, esta vez en varios municipios de Guatemala y financiado con 168.000 euros, persigue el ejercicio efectivo del derecho humano al agua en diferentes comunidades agrícolas formadas por mujeres campesinas. Esta acción no solo garantizará la disponibilidad y la calidad del agua en los hogares y las tierras de estas mujeres, sino que también les dará las herramientas necesarias para que puedan sustentar a sus familias, tanto con su trabajo como con sus labores domésticas.
Estos son dos de los proyectos emprendidos en 2023 cuyo objetivo específico es el acceso al agua, pero que miran mucho más allá en el desarrollo de las mujeres, ya sea ofreciéndoles la posibilidad de formar parte de equipos de responsabilidad o dándoles las herramientas para cuidar con seguridad de sus familias. En la misma línea se encuentran otros proyectos actualmente en ejecución, como el desarrollado en el Caserío Tuixcún, también en Guatemala, para garantizar el acceso al agua, que prevé la formación de mujeres para dar asistencia a las familias beneficiarias del proyecto; o el que se está llevando a cabo en varias comunidades de la República Democrática del Congo, destinado a aliviar la pesada tarea de las mujeres y las niñas que tienen que ir a buscar agua a varios kilómetros de distancia.
La mujer y la formación en habilidades productivas
Otros proyectos que tienen un impacto positivo en el apoyo de las mujeres locales son los que se dirigen a mejorar las habilidades productivas y comercializadoras de las familias campesinas, centrándose en la capacitación de las mujeres y promoviendo su participación en la vida política a través del fortalecimiento del tejido asociativo.
En este sentido, en 2023 se ha iniciado un proyecto en el municipio de Jutiapa, en El Salvador, que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las mujeres rurales productoras, para poder incorporar nuevos cultivos o fortalecer la organización de cara a comercializar sus productos. Así se garantiza no solo el derecho a la alimentación, sino también la participación de la mujer en la sociedad civil, con su formación en el centro del proyecto. Esta actuación está subvencionada por la Consejería de la Presidencia con 210.000 euros.
También se ha financiado, en el año recientemente concluido, otro proyecto para el ejercicio pleno del derecho a la alimentación de las mujeres en varias comunidades indígenas en Guatemala, mejorando sus habilidades productivas para incrementar los ingresos agropecuarios de 150 familias. Para este fin se han destinado más de 153.000 euros. En el mismo país, la Junta de Castilla y León está promoviendo el derecho a una alimentación adecuada de 206 mujeres indígenas del municipio de San Cristóbal Verapaz, fortaleciendo su presencia en las comunidades y su capacidad para reivindicar sus derechos.
Por otro lado, en Senegal, desde 2022 se está desarrollando una iniciativa, financiada con más de 65.000 euros, destinada a garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de 140 familias, en la cual también se está formando a las mujeres agricultoras para que puedan gozar de una producción que garantice la seguridad alimentaria durante todo el año, al tiempo que se trabaja en el fortalecimiento de su tejido asociativo. De esta forma, se refuerza su liderazgo, su marco organizacional y la conciliación de sus actividades productivas con el cuidado de sus familias. También en Senegal, otro proyecto subvencionado por la Junta con más de 135.000 euros está promoviendo el Derecho Humano a la Alimentación en el contexto post COVID, impulsando la participación de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones.
Como señala González Gago “estos proyectos no solo están enfocados a lograr la suficiencia alimentaria de las mujeres y de sus familias, sino que también prevén aumentar su grado de participación en la vida pública, y su formación tanto en habilidades técnicas como políticas y sociales, para que puedan ejercer sus derechos y plantear sus demandas y sus necesidades con mayor eficacia”.
Otros proyectos reseñables
Los dos ámbitos en los que se ha profundizado demuestran que la perspectiva de apoyo a la mujer funciona como un elemento transversal a todos los proyectos de Cooperación al Desarrollo que son financiados por la Junta de Castilla y León. Resulta imposible ampliar esta descripción a la totalidad de las actuaciones en Cooperación al Desarrollo, cuya financiación aumentó en 2023 un 25 % respecto al año anterior, pero sí se pueden citar otros dos proyectos, actualmente en ejecución, relacionados con los Derechos Humanos a la Educación y a la Vivienda.
El primero, desarrollado en la República Democrática del Congo desde 2023, ha destinado casi 45.000 euros para contribuir a la inserción sociolaboral de 180 mujeres jóvenes en situación vulnerable, promoviendo su orientación laboral y la formación en emprendimiento, poniendo en marcha nuevas especialidades de Formación Profesional, y sensibilizando socialmente a la población de la región sobre el derecho de la educación de la mujer.
Por último, en India se está llevando a cabo otro trabajo, financiado con 195.000 euros, para promover el derecho a la vivienda de 116 mujeres en especial situación de vulnerabilidad por su pertenencia a colectivos tribales actualmente muy discriminados. Los cooperantes están facilitando la intermediación entre estas mujeres y el Gobierno nacional para garantizar su efectivo derecho a una vivienda digna.
González Gago ha recordado que “todos estos proyectos demuestran que la Junta de Castilla y León es una institución pionera a la hora de desarrollar y financiar proyectos internacionales de apoyo e impulso de las mujeres, y lo hace a través de acciones concretas, planificadas y orientadas a la práctica y al día a día de las diferentes comunidades implicadas”.
De la misma forma, estas iniciativas muestran el compromiso de las ONGs de esta Comunidad, que son las que trabajan en el terreno y las que tienen que hacer frente a grandes dificultades y obstáculos hasta ver los resultados deseados.
