La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del cuarto trimestre del año se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades, contabilizado en 312.586 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos Castilla y León sumaba 13.215 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 22,2 % del Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, Navarra, Canarias, País Vasco, Galicia, Asturias y La Rioja. Esta buena posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando esta fórmula de financiación, respetando en 2021 nuevamente los límites al endeudamiento autonómico fijados por la normativa de estabilidad presupuestaria.
En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 265,2 millones de euros, el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 8,7 millones de euros y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 264,6 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, indica que, al acabar el cuarto trimestre de 2021, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 30,1 %, con 3.982,4 millones de euros. En segundo lugar se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 2.349,1 millones de euros, –en concreto, el 17,8 %- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.
Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.276,4 millones de euros, un 9,7 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado y de forma similar a años anteriores, el 96,4 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,6 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,6 % firmada a corto. El 84,3 % está concertado a tipo de interés fijo y el 15,7 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España además, contabiliza en 2.684 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las CCAA que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos del endeudamiento de todo el sector público autonómico la ratio media con respecto a PIB se elevaría al 26,1 %, frente al 22,2 % de Castilla y León.
