El informe con el avance de resultados registrados por los analizadores automáticos de ozono troposférico a baja altura en Castilla y León ya están disponibles en la web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de medio ambiente, www.medioambiente.jcyl.es/ , y los datos muestran que en el periodo comprendido entre enero y octubre de este año ninguna estación de medida de la calidad del aire en Castilla y León ha detectado valores de ozono superiores al valor objetivo de protección a la salud humana.
Este valor objetivo de protección viene definido como 25 superaciones anuales de la media octohoraria, es decir de la media de periodos de ocho horas, establecida en 120 microgramos por metro cúbico de aire (120µg/m3), como media a su vez de los últimos tres años, lo que da una idea de la exposición de la población a la contaminación a largo plazo.
Comparados los datos con los resultados del año 2015, estos arrojan una mejoría en el 80 % de las estaciones de medida. Solo en las cabinas de Renault 1 en Valladolid, Compostilla y Lario en León y Medina de Pomar en Burgos se han registrado más superaciones que el año anterior, pero si se compara con periodos más largos también se aprecia un ligero descenso desde el año 2012. Los descensos más acusados se han registrado en las estaciones de Ávila y Medina del Campo.
El ozono troposférico se considera un contaminante secundario porque no es emitido por acciones humanas sino que se genera de forma natural en la atmósfera aunque inducido por otras moléculas provenientes de actividades como el uso de combustibles fósiles, incendios forestales e incluso por las emisiones propias de la vegetación. El ozono necesita además de la luz solar y condiciones de inclinación y temperatura, por lo que se forma mayoritariamente entre abril y septiembre, época en la que la radiación solar es perpendicular a la superficie terrestre.
El aumento de la concentración de ozono troposférico en el aire que respiramos puede ser perjudicial para la salud, dependiendo de la cantidad de ozono que la persona respire, del tiempo de exposición, de la sensibilidad individual de cada persona y del grado de actividad física que realiza, pudiendo afectar a las vías respiratorias, provocando tos, dolores de cabeza o nauseas por lo que las administración tienen la obligación de avisar a la población y tomar medidas preventivas cuando los niveles de este gas aumentan por encima de los límites establecidos.
Para el seguimiento de la evolución del ozono, la Junta de Castilla y León dispone de una red de 18 analizadores repartidos por toda la Comunidad. Estos equipos fueron renovados en su mayor parte el año pasado, con una inversión próxima a los 200.000 euros. Todos los analizadores de la Red poseen el certificado exigido en la Directiva Europea. Además hay que sumar otros 18 analizadores que poseen las propias empresas y el ayuntamiento de Valladolid.
Las estaciones de la Junta están en una en cada capital de provincia, a excepción de Valladolid, otra en cada uno de los municipios industriales de Guardo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, La Robla, Medina del Campo y Medina de Pomar y otras tres en los emplazamientos rurales de El Maillo en Salamanca, Muriel en Soria y Lario en León.
Valladolid tiene instalados siete medidores de ozono, tres propiedad del ayuntamiento y el resto propiedad de las empresas Energyworks y Renault. Las centrales térmicas de Velilla, la Robla, Anllares y Compostilla también cuentan con medidores propios, además de las empresas cementeras Cosmos y Portland.
Los analizadores se alojan en las estaciones de medida lejos de las fuentes de emisión de contaminantes, como parques y jardines y en el extrarradio de las ciudades, como es el caso de Salamanca, Ávila, Burgos y León; y en zonas protegidas de las emisiones (Muriel de la Fuente, El Maillo, Lario). El motivo de colocar los analizadores lejos de las fuentes de emisión se justifica en que el ozono se forma en las zonas alejadas de los sitios de contaminación, por lo que para poder detectarlo es necesario medirlo en esas zonas.
