Las notarías de Castilla y León tramitaron en los últimos ocho años, desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LXV) en julio de 2015, un total de 51.402 declaraciones de herederos de personas fallecidas sin testamento, lo que se conoce como abintestato. Tal volumen de expedientes supone el 7,4 por ciento de todos los que se firmaron en ese tiempo en toda España (707.858 actas), un porcentaje muy alto toda vez que la población de la comunidad autónoma representa un 5 por ciento del total.
Según recuerdan desde el Colegio Notarial de Castilla y León en un comunicado recogido por Ical, hasta la entrada en vigor de la Ley, los notarios solo tenían competencia para declarar como herederos abintestato a los ascendientes, descendientes y cónyuges de la persona fallecida. Con la nueva ley, vieron ampliadas sus competencias para declarar herederos también a los parientes colaterales, como hermanos, sobrinos, tíos o primos.
Al amparo de la Ley, que permite realizar ciertos trámites ante notario en vez de tener que acudir al juzgado, desde 2015 se efectuaron en las notarías de la comunidad autónoma 57.204 actos notariales, descargando volumen de trabajo de las oficinas judiciales y asegurando una mayor facilidad y agilidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos con la misma seguridad jurídica.
Según la estadística notarial, de estos 57.204 actos de jurisdicción voluntaria realizados desde 2015 en Castilla y León, 52.371 fueron de carácter sucesorio (el 91,5 por ciento), y de ellos, el 98,1 por ciento se corresponden con las declaraciones de herederos abintestato citadas.
El enorme peso de los actos sucesorios (ligados a una elevada tasa de mortalidad) convierten a la comunidad castellana y leonesa en la sexta con mayor número de expedientes de jurisdicción voluntaria y la quinta según su volumen de población: 24 asuntos por cada mil habitantes frente a una media estatal del 19 por mil, sobre un total de 902.619 actos tramitados en España.
En cuanto a los actos de familia, fueron 4.672 los registrados desde julio de 2015 en Castilla y León, y representan solo un 2,7 por ciento de los 170.041 firmados en toda España. En estos ocho años se casaron 1.971 parejas en las notarías castellanas y leonesas y otras 2.197 firmaron su separación o divorcio. A estas cifras hay que añadir 488 expedientes matrimoniales previos (que se pueden tramitar ante notario desde abril de 2021) y 16 modificaciones de convenios reguladores.
El año pasado se alcanzó en Castilla y León el registro de bodas ante notario más alto desde la entrada en vigor de la ley, con 480 (un 10,8 por ciento más que en 2021), aunque las separaciones y divorcios, que habían experimentado un considerable aumento en 2021, disminuyeron un 1 por ciento y se quedaron en 354.
