Tras la aprobación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, la Junta tiene que diseñar un nuevo Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros con rango normativo de Decreto.
En diciembre de 2019 vencen las concesiones actuales que dan soporte al actual sistema de transporte público, por tanto existe la obligación legal de licitar los contratos resultantes del nuevo Mapa de Ordenación del Transporte y de los Proyectos de Explotación.
La reestructuración de las concesiones representa la oportunidad de planificar y rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad para hacerla más eficiente y coordinarla con políticas transversales tales como la ordenación territorial, la lucha contra el cambio climático, la despoblación del mundo rural y el respeto al patrimonio natural de Castilla y León.
El nuevo diseño territorial del transporte público que establezca el Mapa de Ordenación del Transporte debe servir para categorizar todas aquellas situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica regional, a las que es preciso dar respuesta.
El nuevo Mapa de Transporte público se configurará como un sistema genuino, autóctono y moderno adaptado a las necesidades de movilidad de Castilla y León, y reforzará aquellas medidas ya aplicadas que, especialmente en materia de transporte rural, han convertido a la Comunidad en un referente en ámbitos territoriales de difícil cobertura como el transporte a la demanda y el transporte regular con reserva de plaza para escolares.
Próximos pasos
Una vez presentadas las bases, el Mapa de Ordenación del Transporte debe estar aprobado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el 3 de julio de 2019, y con la suficiente antelación para que se puedan cumplir los plazos para licitar los nuevos contratos.
Posteriormente se tramitarán los proyectos de explotación que deberán ser sometidos a la máxima participación social e información pública para su aprobación como Proyectos.
Sobre los proyectos de explotación aprobados se deberán redactar los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación de los futuros contratos de concesión de servicio público.
Objetivos perseguidos y bases propuestas
El nuevo Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros persigue una serie de objetivos asentados en los principios que establece la propia Ley del Transporte de Castilla y León. El primer principio es la cobertura total de la población con especial atención a las necesidades de movilidad del mundo rural. Los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales, se potenciará el modo de prestación del transporte a la demanda frente al regular general convencional y el Transporte Escolar pasará a estar integrado dentro de las nuevas concesiones.
La Ley del Transporte de Castilla y León también contempla la adaptación a la nueva ordenación territorial y coordinación con los restantes modos de transporte y la coordinación con la red de transporte ferroviaria y de viajeros por carretera de titularidad estatal. Asimismo, enfatiza en la importancia del mantenimiento del tejido empresarial y nivel de empleo.
La mejora de la calidad del servicio y modernización de la flota son otros de los principios establecidos. Se incorporarán elementos objetivos de valoración que incidan en la adaptación de vehículos a personas con movilidad reducida, elementos tecnológicos relativos al posicionamiento de vehículos en tiempo real; cámaras de seguridad, etc. Por último, se contemplan las materias de sostenibilidad ambiental y reducción de la huella de carbono
Para la consecución de dichos objetivos, la Junta de Castilla y León ha planteado las siguientes bases que permitirán la definición del nuevo Mapa y que se podrán consultar en el siguiente enlace:
https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100/1284853950325/_/_/_
El primer objetivo determina que habrá un menor número de concesiones, pasando de 148 y 77 autorizaciones especiales a 80 concesiones. En segundo lugar, se estipula que Las rutas de Transporte Regular cuya demanda sea inferior a 4.500 viajeros al año pasarán a ser prestadas como rutas de Transporte a la Demanda.
Asimismo, se integrará en su totalidad el Transporte Escolar con el Regular, de manera funcional, operativa, formal y económica. Por otra parte, la gestión del transporte regular será a través de una Autoridad Única del Transporte y la creación de entes supralocales de coordinación con los Ayuntamientos.
En los objetivos también se contempla la contratación pública estratégica y basada en el Diálogo Social. En este punto se tendrán en cuenta criterios cualitativos, cláusulas sociales en la adjudicación y ejecución contratos, cláusulas medioambientales en la adjudicación y ejecución contratos, criterios y reglas de adjudicación y subrogación laboral pactada con los agentes sociales.
Por último, se establece que los nuevos servicios se prestarán con una flota de vehículos más moderna, eficiente y adaptada, dotada con los principales avances en sistemas inteligentes de transporte y seguridad.
La Ley del Transporte
El consejero ha recordado el alto grado de participación de los grupos parlamentarios de las Cortes, que han trabajado para mejorar el texto inicial propuesto por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, logrando su aprobación sin ningún voto en contra. Suárez-Quiñones ha insistido en que la nueva ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias, con especial atención a las personas de movilidad reducida, así como su adecuada integración en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.
El sector del transporte público de viajeros en autobús, que cuenta con 2.315 empresas, mueve 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta; todos ellos se verán afectados por el futuro vencimiento de las actuales concesiones por normativa europea.
Los principios que establece la nueva Ley del Transporte se centran en la satisfacción de las necesidades de movilidad de los ciudadanos, con especial atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida; el desarrollo de un sistema eficiente y coordinado; la promoción de la movilidad sostenible; la garantía del más alto nivel de seguridad, calidad y confort; la promoción del uso de nuevas tecnologías; la flexibilidad de las condiciones en las explotaciones; el establecimiento de un régimen de tarifas y de financiación equitativo, eficaz y eficiente; y el fomento del transporte público como alternativa sostenible frente al transporte privado, entre otras cuestiones.
