El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tendrá sobre la mesa a partir de la próxima primavera un primer informe en el que se identificarán las actuaciones que exigen la “previsible” eliminación del peaje de la autopista AP-6, entre Castilla y León y Madrid, así como de los ramales de Ávila (AP-51) y Segovia (AP-61), a partir de noviembre de 2029.
El departamento de Óscar Puente encargará a la consultora LRA, con una larga experiencia en la planificación de infraestructuras, la elaboración de un completo estudio sobre el impacto en el tráfico que supondrá la liberalización de la autopista, cuya concesión se concedió en 1999, por lo que su finalización se cumplirá en 2029, al fijarse su duración en 30 años en 2020, según avanzó Ical a principios de año.
De esta forma, la empresa LRA Infraestructures Consulting ha ganado el concurso de Transportes para elaborar por 895.097,5 euros un estudio informativo, que tiene un plazo de ejecución de 30 meses -dos años y medio-. No obstante, en los primeros ocho meses, esto es, en primavera, deberá tener listo un informe inicial en el que haga un “diagnóstico” de la situación que se generará con la supresión del peaje.
Su análisis se centrará en la “redistribución” del tráfico tanto en la AP-6 (Villalba-Adanero), con en la AP-51 (Villacastín-Ávila) y la AP-61 (San Rafael-Segovia), como en el resto de vías nacionales. El Ministerio pretende que se revisen todos los estudios existentes y se indague sobre la capacidad de acogida de nuevas infraestructuras a partir de los factores físicos, ambientales, territoriales y culturas.
Además, Transportes ha ordenado que se haga un “inventario” de las infraestructuras existentes y un estudio de los flujos de movimientos para hacer una proyecto de la situación actual y de la que se abrirá en 2029. Con toda la información recopilada, se redactará un informe preeliminar, que servirá para solicitar el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental.
Este documento, que deberá estar terminado en la primavera de 2025, definirá, de forma inicial, las alternativas de actuación más “óptimas” para su posterior estudio, en las siguientes dos fases del contrato. En concreto, se hará un “análisis multicriterio simplificado” que recoja factores como la funcionalidad, la rentabilidad, la afección al territorio o la vertebración territorial.
El Ministerio reconoce en la documentación que acompaña a este concurso que el “previsible” fin del peaje en 2029 suponga que la AP-6, AP-51 y AP-61 capten tráficos de otras carreteras aleñadas, en particular de la N-VI, N-110 y N-603, además del que se pueda inducir por la reducción del coste generalizado del transporte. Esto, señala, podría encontrase con la “insuficiencia” de la capacidad de algunos enlaces, pero también de las áreas de servicio existentes o del firme ya que tendrá que soportar un mayor volumen de tráfico pesado.
Macrosimulación del tráfico
El estudio informativo que demanda el Ministerio consistirá en la definición y comparación de las diferentes alternativas de actuación en la AP-6, AP-51 y AP-61, como en la N-VI, N-110 y N-603, para lo que se determinarán sus características más adecuadas y una estimación de su presupuesto. Para ello, se hará un análisis del tráfico mediante la construcción de un modelo de macrosimulación con matrices origen y destino basadas en datos de telefonía móvil y estaciones de aforo de campo para caracterizar el tráfico en los nudos existentes.
Estos trabajos se acometerán en tres fases. La primera, según el cálculo del Ministerio, arrancará en breve y finalizará en la primavera de 2025. En ella, el adjudicatario hará un diagnóstico de la situación derivada de la redistribución de tráfico y del territorio por si fueran necesarias nuevas infraestructuras. Todo ello ser recogerá en un documento inicial, que servirá para solicitar el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental y para una primera definición de alternativas.
En la segunda, prevista de marzo a diciembre de 2025, se definirán con mayor precisión las alternativas seleccionadas con el fin de establecer su impacto ambiental residual, su funcionalidad y sus costes. La última permitirá estudiar e informar las alegaciones a la Información Pública y se incorporarán las prescripciones impuestas por la DIA, que se elaborará durante 2026, y por la aprobación provisional del estudio a finales de ese ejercicio.
