La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido una reunión de carácter extraordinario de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, un órgano en el que se encuentran representadas varias consejerías de la Junta de Castilla y León -Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad-, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Delegación del Gobierno las universidades públicas de la Comunidad, CC. OO., UGT, CECALE, ASAJA y federaciones y asociaciones de mujeres de Castilla y León.
En la reunión del Observatorio se ha tratado como único punto del orden del día el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ayer fue ratificado por el Congreso y que parte de un acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes de enero. Más de 65 expertos han trabajado en este Pacto, que arroja más de 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años.
La consejera se ha referido a que se trata de un Pacto en el que la Junta ha participado activamente, tanto en la Comisión de Comunidades del Senado, en marzo, como en el Observatorio Estatal de violencia contra la mujer, aportando 23 iniciativas y medidas que han sido recogidas en los informes del Congreso y del Senado en su totalidad. Estas medidas hacen referencia a cuestiones relevantes para dotar de mayor eficacia a la lucha contra la violencia de género y a la protección de las víctimas.
Con la ratificación del Pacto de Estado en el Congreso finaliza la fase de redacción y aprobación y comienza la de priorización y asignación de recursos, ya que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que en dos meses acuerde con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles, las prioridades de actuación y la forma de desarrollo de estas medidas, así como los criterios y términos para el reparto de los 500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, que se fijarán en el marco de la Conferencia interterritorial para los próximos cinco años.
También habrá un plazo de seis meses para que las medidas que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales para su tramitación, entre las que estará la ley estatal para ampliar el concepto de violencia de género, aspecto que ya recogió la Ley de Castilla y León hace siete años en base al Convenio de Estambul.
