El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 nació para ayudar a las personas más vulnerables. Con la implicación y participación del Diálogo Social, de las entidades del tercer sector y de las corporaciones locales, fomenta la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas vulnerables, para que salgan de la protección social a través del empleo, fundamental para la inserción.
Este Plan, planteado para el periodo 2016-2020, acaba de cumplir sus dos primeros años. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado su evaluación, seguimiento y grado de ejecución, en este tiempo, a través del análisis de los datos de los cuatro ejes de actuación que lo definen y desarrollan 129 acciones. El primer eje persigue mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación y el segundo se centra en el acceso al empleo y su mantenimiento. Los otros dos ejes tienen un carácter instrumental y se dirigen a mejorar la intervención de los profesionales sobre estas personas y a lograr un cambio social en la percepción de la inclusión social.
El Plan se centra en actuaciones personalizadas de carácter integral dirigidas a las personas más vulnerables, a personas con discapacidad y a personas en exclusión o en riesgo de estarlo. La Red de Protección y la Estrategia Integrada de Empleo son los pilares en los que se fundamenta y herramientas esenciales de sus actuaciones. Contempla una inversión global, en cuatro años, de 369,4 millones de euros.
Principales conclusiones de la evaluación del Plan de Inserción
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado varios aspectos relevantes. En primer lugar, que el Plan está superando las previsiones iniciales, ya que 196.910 personas en situación de riesgo o de exclusión han participación en sus acciones.
En segundo lugar, ha destacado que el Plan ha destinado, en estos dos años, el 58 % de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido 27.509 contrataciones incentivadas por la Administración -15.692, en 2017, un 33 % más que en 2016-. El 42 % restante se ha destinado a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 31.207 acciones formativas en las que han participado 169.401 personas.
En tercer lugar, dada la demanda y la aceptación de las acciones del Plan, ha sido necesario incrementar la financiación para estos dos primeros años un 11,78 % hasta los 167,93 millones de euros. Esto supone 17,69 millones de euros más de lo presupuestado inicialmente para este periodo, que eran 150,24 millones, algo que se percibe como una inversión en gasto social con un importante retorno social.
Formación y capacitación para mejorar la empleabilidad
El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 recoge 46 acciones con un gasto de 70,98 millones de euros en estos dos años, el 42 % del presupuesto del Plan, que han llegado a cerca de 170.000 personas. Está orientado a dotar a las personas más vulnerables de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, facilitar su entrada en el mercado laboral, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión activa. Para evitar la discriminación en el acceso y permanencia en el puesto de trabajo, este primer eje está promoviendo acciones de información, orientación y asesoramiento; desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales; formación y acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.
La evaluación intermedia del Plan indica que se han desarrollado en este eje más de 31.000 acciones formativas de estas características. Alicia García ha señalado que entre los principales beneficiarios de este eje hay 9.352 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.588 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, 9.471 personas con discapacidad y 3.031 jóvenes, con un 20 % de beneficiarios inmigrantes.
En este eje se han encontrado, por un lado, las acciones enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del tercer sector, a lo que se suma el programa OFI de orientación, formación e inserción profesional. En conjunto, han participado, en estas dos líneas, 13.623 personas.
Por otro lado, en las acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad han participado 155.778 personas en dos años. De ellas, 40.559 personas recibieron asesoramiento, información y orientación laboral, a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral. 105.151 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales. 4.670 personas con escasa cualificación han recibido formación en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad o baja cualificación. 2.723 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad -mientras, en 2016, se formó a 926 personas, en 2017, se formó a 1.797, un 94 % más-, y 2.675 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios y acciones formativas -en 2016, se benefició a 931 personas y, en 2017, fueron 1.744 las personas beneficiarias, un 87 % más-. Entre estos últimos apoyos destacan los apoyos residenciales a mujeres y menores; los apoyos para personas con discapacidad o dependientes a través de la figura del gestor de contexto o el apoyo de acompañamiento y tutorización a jóvenes, permitiendo su inserción en la empresa ordinaria.
Acceso al empleo y mantenimiento en el mercado laboral
El segundo de los ejes contempla 42 acciones con dos tipos de medidas: las que facilitan empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas, mediante subvenciones o contratación pública, y las que impulsan la contratación en el sector público.
Las acciones de este eje han supuesto un gasto de 96,69 millones de euros, lo que implica casi el 58 % del total en estos dos años. El segundo eje se centra en facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración. Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan 16.735 personas con discapacidad; 5.383 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía -de los que 3.123 son de 2017, un 38 % más que en 2016-, y el porcentaje de contratos a mujeres ha aumentado: en 2016, era del 37 % y, en 2017, ha alcanzado el 44 %
La consejera ha explicado estas acciones han posibilitado 27.509 contrataciones -15.692 en 2017, un 33 % más que en 2016-. 3.014 contrataciones se han logrado mediante itinerarios personalizados de inserción socio-laboral y otras acciones formativas. Se han propiciado 2.928 contrataciones en la empresa privada, -duplicándose en un año-. 472 jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía han sido contratados, pasando de los 90 contratados en 2016 a los 382 de 2017, cuatro veces más. La creación de empleo local, en colaboración entre la Administración Autonómica y las corporaciones locales, supuso 4.576 contratos. Junto a esto, la consejera ha destacado que también son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, que han permitido que 15.366 personas tengan trabajo -lo que representa más del 56 % del total de las contrataciones de este eje-; que se hayan creado 283 empresas gracias a las ayudas económicas para actividades económicas por cuenta propia; que mediante la reserva de contratación se hayan formalizado 797 contratos a centros especiales de empleo y 28 a empresas de inserción; que se hayan incorporado cláusulas sociales en el 75 % de la contratos adjudicados por la Junta; y que se haya reservado plaza en la Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla y León, en estos dos años, para 870 personas con discapacidad -642, en 2017, y 228, en 2016-.
Intervención de los profesionales y cambio social
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido también a los ejes tercero -con 25 acciones- y cuarto -con 16 acciones-. Ambos tienen un carácter instrumental y están contribuyendo tanto a mejorar la intervención de los profesionales como a lograr un cambio social en la percepción de su inclusión social y laboral como una inversión con importante retorno social.
Entre las principales medidas, se encuentra un sistema de intercambio de información entre profesionales con distintas herramientas, entre ellas, las informáticas, destinadas a compartir información entre profesionales de entidades públicas y del tercer sector respecto de las personas en situación de riesgo sobre las que se interviene y otras enfocadas a la intervención proactiva que ayuda a predecir los riesgos de las personas en situación de exclusión y a establecer programas de intervención específicos en función del nivel de riesgo de estas personas. A estas se suma una herramienta común para evaluar de manera integral el conjunto de necesidades de las personas en situación de riesgo o exclusión, en áreas como la salud, vivienda, empleo, economía o relaciones, indicada para la gestión de casos complejos en los que procede una intervención de cierta intensidad.
