Este miércoles ha tenido lugar en la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León el debate y votación de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos mediante la cual se solicita el inicio de los trámites pertinentes para hacer pública la relación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León que desde el año 1998 han sido inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestra región. En este sentido, la resolución ha sido rechazada por PP y Ciudadanos, alegando que “no entendernos como la Junta puede cumplir con la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en cuanto a que son los poderes públicos los que tienen que vigilar que los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, así como el artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, ponían al mismo nivel a la Iglesia Católica y al Estado a la hora de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes sin propietario conocido, siempre que tuvieran un certificado del funcionario encargado de administrarlos, que para la Iglesia Católica estos funcionarios eran los Diocesanos respectivos. Los lugares de culto quedaban exentos en las citadas normativas.
La reforma realizada en 1998 por el Gobierno encabezado por José Mª Aznar a la citada ley, amplió notablemente el privilegio de la Iglesia al incluir los lugares de culto, lo que permitió a la Iglesia Católica inmatricular, es decir, hacer una primera inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad, numerosos templos, ermitas, capillas y catedrales.
Según algunos expertos en Derecho, como el profesor Alejandro Torres Gutiérrez, consideran que esta norma franquista tendría que haber sido derogada porque era manifiestamente inconstitucional, ya que equiparaba al eclesiástico (el obispo) con un fedatario público, notario. En palabras del catedrático de la Universidad de Navarra: "Este proceso no es compatible con los principios constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre Iglesia y Estado". Y así lo testimonia la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Constitucional en su sentencia 340/1993.
Los privilegios de la Iglesia Católica para este fin no acababan en la certificación, también estaba exenta de hacer pública la adquisición, mediante un edicto. Esa ausencia de publicidad ha ocasionado que se le haya limitado, cuando no negado, a la ciudadanía su derecho a recurrir en el tiempo y la forma que marca la ley para las primeras inscripciones.
La reforma realizada por el Gobierno de España en el año 2015 al eliminar los privilegios otorgados a la Iglesia Católica y a los obispos a la hora de inmatricular un bien en el Registro de la Propiedad, testimonia las injusticias y abusos que ha provocado la Ley Hipotecaria y la reforma de 1998. No obstante, ha permitido seguir haciendo a la Iglesia inmatriculaciones un año más, hasta que la Ley 13/2015 entró en vigor. Tampoco han querido que tuviera efectos retroactivos desde 1998, cuando fue reformada.
La Proposición No de Ley, presentada en el mes de agosto del año 2017, será defendida por las procuradoras Isabel Muñoz Sánchez y María José Rodríguez Tobal, quienes lamentarán que las peticiones previas de documentación a la Junta de Castilla y León fuesen rechazadas y no se facilitasen los listados de los bienes inmatriculados desde 1998 por la Iglesia Católica ni el de los bienes inmatriculados integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, con la excusa de que la Administración Autonómica no tiene acceso al Registro de la Propiedad. En abril de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una petición para que se den a conocer los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, también los que se encuentran en Castilla y León.
