El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Aranda de Duero, en funciones de guardia, se ha inhibido hoy en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la misma localidad, competente para tomar declaración a los tres detenidos jugadores de fútbol, dos de ellos oriundos de la provincia de León, e instruir la causa por la fecha en que ocurrieron los presuntos abusos sexuales a una menor de 15 años de edad.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha dictado de manera inminente el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de ser eludida con fianza, de los tres jóvenes jugadores, que ya permanecían detenidos por la Policía Nacional desde que hace dos días saltara este caso y comenzaran las diligencias. Fuentes judiciales oficiales han confirmado que serán investigados por agresión sexual sobre una menor de 16 años, la edad legal bajo la cual es delito mantener relaciones sexuales, incluso aunque se diera el caso de que éstas fueran consentidas.
La juez ha tomado la decisión después de haber tomado declaración hoy miércoles a la menor en calidad de víctima, y posteriormente ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones judiciales realizadas hasta ahora.
El club, a disposición de la menor
Por otro lado, la Arandina ha comunicado de forma oficial que los tres jugadores causan baja de manera inmediata y definitiva de la disciplina del club, el cual ha manifestado en un comunicado su "máxima condena y repulsa a cualquier acto de violencia de tipo sexual, poniéndose a disposición de la familia de la menor para todo lo que necesiten".
Los detenidos e investigados son todos ellos jugadores de La Arandina, equipo de Aranda del Duero (Burgos), de Tercera División, y dos de ellos son leoneses, concretamente de las localidades de Astorga y Bembibre. Se trata del portero berciano Víctor Rodríguez Ramos, de 19 años de edad, y dos delanteros, Carlos Cudrado Santos (de Astorga), de 24 años, y Raúl Calvo Hernández.
Entre las diligencias practicadas, han que sumar un registro del piso que compartían los tres y en el que, además del posible delito de agresión sexual, se sumaría la responsabilidad penal por haberlo presuntamente grabado.
