El Procurador del Común pidió a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que adopte medidas “imprescindibles” para favorecer la igualdad de oportunidades del alumnado que reside en el medio rural.
El organismo llevó a cabo una actuación de oficio debido a su preocupación por el presente y el futuro de la escolarización en el ámbito rural, con el objetivo de analizar la evolución que se ha producido en lo que respecta a la prestación del servicio educativo en el medio rural de Castilla y León, así como de proponer algunas medidas con la anticipación suficiente al inicio del nuevo curso escolar 2022-2023.
Entre las propuestas efectuadas, el Procurador del Común pidió que para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados se incorpore a la normativa vigente la posibilidad de autorizar el establecimiento y mantenimiento de unidades educativas aunque no se cumplan las bajas ratios que actualmente ya se contemplan en la normativa en vigor, en función de las circunstancias de cada caso en particular, así como de las expectativas que puedan existir de fijar población escolar en un marco temporal superior al del curso escolar.
Asimismo, consideró imprescindible que los centros educativos cuenten con los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad, sin olvidar la singularidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como con los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar que sean precisos para facilitar la vida de los escolares y sus familias.
También se solicitó que tanto en la configuración de las políticas dirigidas a la prestación del servicio educativo en el ámbito rural como a la hora de gestionar la prestación del servicio educativo en dicho medio, se tengan en consideración las necesidades, demandas y aportaciones de las administraciones locales, así como las de los miembros de la comunidad educativa.
Para el Procurador, tampoco debe olvidarse que la escuela rural puede presentar ciertos inconvenientes en cuanto a la socialización de los niños, especialmente en el caso de aquellos escolarizados en las aulas unitarias que agrupan un mínimo número de alumnos, por lo que hizo hincapié en la necesidad de establecer vías de socialización del alumnado de la escuela rural, fundamentalmente a través de la acción de la red de Centros Rurales de Innovación Educativa.
En definitiva, el Procurador del Común emitió su resolución a la espera de que la administración educativa adopte las medidas necesarias para que el ámbito rural “pueda seguir contando con el servicio educativo de calidad que le es debido”, y que, junto con el resto de servicios esenciales, “están llamados a dignificar la vida de las personas que residen en él y contribuir a frenar la despoblación del medio rural”.
